Sánchez ha superado a lo largo de su carrera política numerosas crisis que parecían definitivas. Tras recuperar el liderazgo del PSOE en 2017 y mantenerse en La Moncloa contra distintos pronósticos, consolidó una imagen de dirigente difícil de cuestionar dentro de su propio espacio político. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas muestran un escenario diferente.
Aunque no existe una alternativa organizada ni una contestación interna abierta, la percepción de invulnerabilidad que rodeaba al presidente se ha debilitado. Dos hechos han contribuido a ello: las discrepancias públicas entre varios ministros sobre la gestión de la crisis de Ceuta y las declaraciones de Óscar Puente sobre la futura sucesión de Sánchez.
La ministra de Defensa, Robles, reconoció errores en la respuesta del Gobierno a la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y defendió que el CNI había trasladado información previa. Poco después, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, sostuvo que no existió ningún informe que permitiera anticipar una crisis de tal magnitud. La contradicción ha reabierto el debate sobre qué sabía realmente el Ejecutivo y por qué no actuó antes.
La estrategia del Gobierno pasaba por centrar la atención en las medidas adoptadas posteriormente, como la activación del mando único y la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional. Sin embargo, la controversia entre ministros ha devuelto el foco al origen de la crisis y a la actuación previa del Ejecutivo.
A esta situación se sumaron las palabras de Óscar Puente, quien situó la salida de Sánchez de la primera línea política dentro de varios años y no descartó aspirar a sucederle cuando llegue el momento. Aunque en el PSOE restan importancia a estas declaraciones, admiten que reflejan un debate que hasta hace poco apenas se planteaba en público.
Pese a ello, Sánchez mantiene intacto el control de los principales resortes del partido y del Gobierno. Conserva el liderazgo del PSOE, la capacidad de marcar los tiempos políticos y una posición de autoridad que nadie cuestiona de forma organizada. No obstante, la crisis de Ceuta y las diferencias entre miembros del Ejecutivo han dejado al descubierto una mayor autonomía de algunos ministros y han abierto conversaciones que antes permanecían fuera del debate público.
El próximo 3 de septiembre, en su comparecencia ante el Congreso, Sánchez deberá responder por la gestión de la crisis migratoria y afrontar un contexto político más complejo que el de meses anteriores, marcado por las dudas sobre la coordinación del Gobierno y por las primeras especulaciones sobre el futuro del liderazgo socialista.
