Así que para que los ciudadanos no se enteren de los desmanes que entre el y sus muchachos cometen ha decidido anular la posibilidad de criticarle. Y para eso no se le ha ocurrido otra cosa que ampliar el llamado derecho de rectificación contra la prensa crítica y los usuarios de redes más seguidos
De esta manera, es evidente que desde el consejo de ministros empieza a desplegarse el mal llamado Plan de Acción para la Democracia, puesto que en realidad no es otra cosa que la venganza de Sánchez contra todos aquellos que se han atrevido a sacar a la luz publica los desperfectos familiares y políticos del entorno del presidente y además han osado comentarlo y aireado.
Según han anunciado en la rueda de prensa tras el conejo el anteproyecto hace tabla rasa respecto a la norma actual, que data de 1984. De sus siete artículos, el Ejecutivo pretende reformar los siete. Para, según Bolaños, promover «una mayor calidad en el debate público» y adaptar la ley al «entorno digital actual», puesto que la actual no contempla los medios digitales (no existían). «Algunos se dedican a mentir todos los días y los ciudadanos tenemos derecho a defendernos».
La propuesta de Justicia pasa por facilitar el derecho a la rectificación. Afecta a los medios de comunicación tradicionales y digitales, a lo que el Gobierno llama «pseudomedios» y, también, a los usuarios relevantes de las redes sociales: los que tengan más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en todas. He ahí un gran cambio. Según Bolaños, algunos son «profesionales del bulo y de la mentira» y «se dedican a mentir todos los días».
El anteproyecto aprobado aumenta de siete a diez días naturales el plazo para que el afectado pueda remitir un escrito de rectificación. Y ya no hará falta que ese escrito vaya dirigido al director de la publicación, como estipula la ley actual. A mayores, será suficiente con publicar o difundir una rectificación, sino que habrá que incluir un aviso de que esa información «inexacta o falsa» ha sido rectificada. En el caso de que el medio o usuario no rectifique por las buenas, el Ejecutivo ha previsto un mecanismo de juicio rápido, al suprimir el actual requisito de la contestación por escrito de la demanda. De esta manera, según Bolaños, «los trámites del juicio verbal continuarán y podrá ser más rápida la sentencia». Por último, todos los involucrados deberán tener un mecanismo de rectificación «fácil y accesible». El anteproyecto, como la ley actual, no contempla sanciones económicas. De llegar a los tribunales, el juez ordenará publicar la rectificación o no al demandado.
No obstante, la norma está en una fase muy inicial. Ahora el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes deberá recabar los informes preceptivos y, en unos meses, elevar un proyecto de ley al Consejo de Ministros. Después empezará la tramitación parlamentaria. Al tener rango de ley orgánica, el PSOE necesitará mayoría absoluta para su aprobación, 176 escaños.
Lo malo de todo esto es que, probablemente, llegue tarde para solucionar los problemas de Sánchez y familia y finalmente quede aparcado
