Las organizaciones llevan años denunciando la competencia desleal que, ejercen medios propios como Tragsa, Tragsatec e Ineco, en un contexto en el que las Administraciones han incrementado sustancialmente los encargos a estas sociedades por los fondos Next Generation. Como muestra, Grupo Tragsa aumentó sus ingresos un 29% en 2025, hasta 2.603 millones de euros, y en la última década la cifra se ha casi cuadruplicado.
Ahora, las patronales de la construcción y la ingeniería elevan el tono contra una reforma tramitada por la vía de urgencia y que el Gobierno pretende aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre (29-N). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió el trámite de audiencia pública el 14 de octubre y lo cerró el día 22, dejando ocho días naturales para presentar observaciones -lo habitual son 15 días-.
CNC, además, advierte de que la norma podría incurrir en nulidad si se aprueba con el Gobierno en funciones sin justificar debidamente una «urgencia extraordinaria» o un «interés general imperioso». La organización que preside considera que la reforma va más allá de un ajuste técnico, ya que modifica las condiciones de utilización de los medios propios y puede afectar a la competencia y al acceso de los operadores privados a la contratación pública. «Constituye una decisión de política económica y regulatoria que evidentemente excede del concepto de gestión ordinaria», advierte en sus alegaciones.
El proyecto de Real Decreto modifica el Real Decreto 345/2025, en vigor desde abril del año pasado, que desarrolla el régimen jurídico, económico y administrativo de Tragsa y Tragsatec. La reforma deviene de una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 29 de junio, que resuelve una controversia interpretativa del artículo 86.2.a) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). El Alto Tribunal dio la razón a la patronal de la construcción de Asturias CAC-Asprocon en su demanda contra el encargo a Tragsa para la construcción de la Casa de la Música de Candás y fija doctrina respecto a que cuando el encargo se fundamenta en la mayor eficiencia frente la contratación pública, la Administración debe justificar y motivar dicha circunstancia en cada encargo concreto.
La CNC, CIES y Tecniberia consideran que la reforma del Real Decreto 345/2025 debe preservar los controles sobre la gestión directa y garantizar que los encargos se justifiquen por su eficiencia frente a la contratación pública y en sus alegaciones ponen el foco también en la contratación con terceros y la cooperación entre administraciones que modifican la nueva norma.
El punto más crítido es el de la acreditación de la eficiencia económica. El proyecto prevé que, a partir de informes de comparación de precios por parte de la Comisión de Control Conjunto del Grupo Tragsa y de las propias sociedades, «se entenderá acreditada la eficiencia económica» de los encargos. La organización alertan de que esta fórmula puede convertir una evaluación general de tarifas en una presunción automática de eficiencia. Por ello, piden que dichos informes tengan «carácter auxiliar y no vinculante», de manera que cada Administración, en línea con la doctrina establecida por el Supremo, justifique individualmente la conveniencia del encargo.
Las patronales también demandan criterios objetivos para determinar qué trabajos contratados por Tragsa y Tragsatec con terceros son prestaciones parciales y cuáles tienen carácter auxiliar o instrumental.
En cuanto a la cooperación entre Administraciones, advierten del riesgo de que entidades para las que Tragsa no es medio propio se beneficien indirectamente de sus prestaciones sin licitación. Para evitarlo, reclaman que los convenios acrediten objetivos compartidos y aportaciones sustantivas de las partes, y que la mera financiación no sea suficiente para justificar la cooperación.
