En la patronal que agrupa a las grandes constructoras se queja, y con calculadora en mano, señala que mientras en 2009 la representatividad en el PIB de la inversión pública en infraestructuras era de un 5,2%, en 2024 había retrocedido hasta el 2,7%. Casi 20 años después, aseguran desde SEOPAN que «estamos en mínimos históricos». Y la inversión pública se ha reducido a la mitad. SEOPAN prepara un estudio para cuantificar en detalle las necesidades de inversión, pero por lo pronto adelanta que estiman unos 400.000 millones de euros en los próximos 10 años. Esa es la cantidad necesaria para conservar, mantener y renovar nuestras infraestructuras y volver a situarnos a la cabeza de la Unión Europea (UE) en esta materia.
De acuerdo con los cálculos de la ingeniería SENER, en España se necesitan más de 257.000 millones de euros para promover nuevas infraestructuras que son necesarias y desarrollar las ya existentes, adaptándolas a las nuevas circunstancias y las nuevas tecnologías.
Según los cálculos, que está ultimando SEOPAN, de los 257.000 millones de euros, 140.000 millones de euros deberían destinarse a las vías de transporte, 68.000 millones a infraestructuras hidráulicas y los 49.000 millones restantes se deberían dedicar a la parte de infraestructuras y eficiencia energética del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, medio ambiente y equipamiento público de salud, para reducir a cero las listas de espera.
A esta cifra inicial de 257.000 millones de euros habrá que sumar la cifra destinada a conservación, cuyos cálculos están ultimando en SEOPAN, antes de darla a conocer con todos los detalles la próxima semana. No obstante, lo que reiteran desde la patronal de las grandes constructoras y concesionarias es que el retroceso en la inversión, que empezó a generarse tras la crisis de 2008 y se ha ido agravando hasta nuestros días, es proporcional a la pérdida de posiciones de España en la UE en términos de ratio de inversión pública por superficie y población, diga lo que diga el ministro Óscar Puente.
Precisamente, el ministro Puente tiene sobre la mesa de su despacho una propuesta de la patronal SEOPAN que aborda otra de las cuestiones que entienden en la patronal que preside Núñez Sánchez sobre las reformas que hay que acometer con urgencia en la legislación contractual. Así, han presentado oficialmente y por escrito al titular de Transportes un borrador de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Con la modificación de esta normativa, entienden los constructores que se garantizaría un mayor cumplimiento de los plazos y presupuestos de ejecución en la obra pública, algo que constituye un problema fundamental en determinados órganos de contratación del Estado. Pero, por el momento, siguen sin noticias de Puente.
