La medida, respaldada por PSC, BComú y ERC, afectará a unas 6.000 licencias, el 60% del total de la ciudad. Además, los propietarios con dos o tres licencias afrontarán un incremento del 100%.
El teniente de alcalde de Economía, Valls, defendió la iniciativa como una forma de desincentivar esta actividad hasta la eliminación de las licencias turísticas prevista para 2028. Según el consistorio, la medida se dirige principalmente a empresas que desarrollan una actividad económica, no a propietarios particulares con una única licencia.
La reforma deberá superar el periodo de alegaciones y ser ratificada en el pleno de diciembre. Su tramitación llega después de la aprobación de los decretos estatales de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.
La oposición mostró posiciones divididas. Junts criticó que la subida fiscal no aliviará la carga tributaria de los ciudadanos y puede aumentar la inseguridad jurídica. Los Comuns respaldaron la medida, aunque reclamaron extender la revisión del IBI al conjunto del parque residencial para combatir la especulación.
Por su parte, ERC planteó como próximo paso gravar más las viviendas vacías y elaborar un registro específico de estos inmuebles. El PP calificó la iniciativa de «estocada fiscal» contra determinados propietarios, mientras que Vox cuestionó su eficacia y sostuvo que no garantizará que estas viviendas regresen al mercado residencial.
