La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales pagó más de 320.000 euros por diversos contratos de asesoría, tramitados con carácter de «emergencia», que tenían el objetivo de acelerar los rescates financieros de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.
Así se desprende del último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que el holding público puso en marcha para apoyar a compañías afectadas por la pandemia del Covid-19. Las tres empresas mencionadas no fueron las únicas en recibir inyecciones para acelerar los trámites, pero sí son los casos más significativos, dado que están inmersas en sendas investigaciones judiciales por las ayudas que recibieron.
El desglose es dispar. Para Plus Ultra, la factura de la consultoría externa fue de 87.120 euros por el informe financiero y 41.140 euros por el legal, lo que suma 128.260 euros. En el caso de Tubos Reunidos, la SEPI desembolsó exactamente 104.544 euros para el asesor financiero y 64.359,90 euros para el jurídico, hasta alcanzar un total de 168.903 euros.Con Air Europa, llama la atención que la consultora encargada del análisis económico de la aerolínea, PwC, ofertó sus trabajos por apenas un céntimo, alegando disponer de suficiente capacidad económica y financiera para asumir el coste del servicio, contar con recursos personales especializados por la situación de la pandemia COVID-19 y poder contribuir a dar solución a la situación económica creada por la pandemia, «generando confianza en la sociedad». Desde la consultora transmiten que decidieron aceptar el trabajo con la idea de poder optar en el futuro a otras oportunidades similares. El asesoramiento jurídico de Air Europa ascendió a 24.079 euros.
En conjunto, el documento recoge que la SEPI tramitó y adjudicó de emergencia dieciocho contratos, por un importe total de 1.411.386 euros, para asesorar financieramente y jurídicamente a nueve empresas, aunque varias de ellas resultaron ser no beneficiarias finalmente. Además de las tres mencionadas, también Duro Felguera, Abades y Avoris recibieron asesoramiento externo de urgencia.
La SEPI recurrió a la tramitación de emergencia para contratar asesores externos debido a que los plazos necesarios para licitar un Acuerdo Marco ordinario resultaban incompatibles con la urgencia de las solicitudes de ayuda recibidas entre finales de 2020 y principios de 2021.
Ante la necesidad de poner en marcha el mecanismo del FASEE de forma inmediata y evaluar con rigor técnico los complejos Planes de Viabilidad presentados por las empresas, se optó por esta vía excepcional de contratación, amparada legalmente por el Real Decreto-ley que creó el Fondo y justificada por la situación de «inaplazable necesidad» derivada de la crisis. Sin embargo, los intentos de la SEPI de acelerar los plazos de los rescates se vieron muy limitados en la práctica. Los contratos con los asesores establecían que los informes deberían estar listos en cuatro semanas, pero el plazo medio de entrega acabó siendo de 158 días.
La razón, según el documento del Tribunal de Cuentas, es el significativo número de modificaciones que hubieron de llevarse a cabo en los planes de viabilidad presentados por las propias empresas. Unas revisiones vinculadas en todos los casos a «cambios en la coyuntura económica tanto general como, en particular, de las solicitantes», lo que permite afirmar que «las demoras no resultaron imputables a los respectivos contratistas», a juicio del tribunal.
