Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 20 de diciembre de 2022, ese programa cuenta con una dotación de 1.000 millones. Sin embargo, sólo 500 millones se han transferido a las comunidades autónomas y se han aprobado. La cuantía es prácticamente la misma que la que suman las licitaciones de la Dirección General de Carreteras (DGC), de 478 millones de euros, hasta noviembre de 2022.
De hecho, la mejora de las carreteras españolas es la segunda partida con más presupuesto de entre las inversiones directas del Ministerio que dirige Raquel Sánchez. Adif contaba con una dotación de 5.974 millones de euros, de los 7.603 que se contemplaban para este tipo de inversiones. La DGC tenía una dotación de 858 millones, de los que se habían adjudicado 334 millones hasta noviembre.
Cabe señalar que la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, por lo que el margen de actuación del Gobierno pasa por dotar de recursos a las autonomías. De hecho, tal como publicó este periódico, la Sareb ya ha puesto a disposición de comunidades y ayuntamientos algunas de las viviendas con las que cuenta e incluso ha firmado acuerdos de compraventa.
En el caso de las carreteras, en estas inversiones se incluyen las vías de competencia estatal. Las inversiones que se realicen en aquellas que gestionan las comunidades autónomas no están incluidas en estas cifras, por lo que el presupuesto total que España destina a la mejora de las carreteras con fondos europeos es mayor. Hasta el 13 de abril de este año, y según datos recopilados del boletín semanal del Plan de Recuperación, el Ministerio ha licitado mejoras en carreteras por 92 millones de euros. La cifra de contratos adjudicados es algo mayor, de 156 millones de euros. No obstante, los datos que ofrece el Ministerio siguen siendo de diciembre del pasado año. Una cuestión que no está exenta de críticas en el sector.
Un informe realizado por el Observatorio de la Inversión en Obra Pública del Colegio de Ingenieros resalta que «en todos los niveles de las Administraciones, se echa en falta que se disponga de los datos de ejecución real de las inversiones comprometidas, ni del grado de avance de los distintos proyectos que estarían en ejecución. Esta circunstancia se acentúa en el caso de las Comunidades Autonómicas y los Entes Locales. A la fecha de este informe [18 de abril de 2023], no es posible disponer de estos datos de ejecución real ni es posible valorar de forma objetiva sus posibles efectos sobre el conjunto de la economía real en todo el territorio«.
