La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. La orden, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 en el territorio ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), se ha firmado en un acto que ha contado con la participación del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, González.
«El objetivo es actualizar la retribución de los profesionales del turno de oficio y, a la vez, dar un paso más en el compromiso del ministerio de mejorar la prestación del servicio público de justicia a las personas con menos recursos», señala el departamento dirigido por Bolaños en un comunicado.
En paralelo, el ministerio sigue avanzando en la tramitación del texto de reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita, y que el pasado julio superó el período de consulta pública. El ministerio se compromete a seguir adoptando «todas las medidas a su alcance» para mejorar este servicio contando con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española.
Entre otros cambios, actualizará la definición de insuficiencia de recursos que otorga el derecho a asistencia jurídica gratuita. También reconocerá como beneficiarios a colectivos como las víctimas de violencia de género o de violencia sexual, con independencia de sus recursos, y definirá los requisitos para que una persona jurídica también pueda contar con asistencia jurídica gratuita.
En el ámbito de la gestión, incorporará mejoras como el acceso electrónico a las Administraciones Públicas y a la Administración de Justicia, en línea con el impulso a la digitalización de este servicio público.
