Tras más de un año sin avances visibles, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado una reivindicación que, más allá de su dimensión cultural y lingüística, aparece inevitablemente vinculada a la aritmética parlamentaria española. La coincidencia temporal con las negociaciones presupuestarias y la necesidad de mantener el apoyo de Junts alimentan la percepción de que la iniciativa responde menos a una estrategia europea de largo recorrido que a exigencias de política interna.
Lo más controvertido no es la defensa del catalán, una lengua con millones de hablantes y una sólida tradición cultural, sino el método empleado para impulsar su reconocimiento. Las declaraciones del secretario de Estado para la UE, Sampedro, sugiriendo que la oficialidad lingüística debería resolverse antes de nuevas ampliaciones comunitarias, han sido interpretadas en diversos círculos europeos como una forma de presión política. Si esa percepción se consolida, España corre el riesgo de aparecer como un socio dispuesto a vincular un interés nacional a un proceso estratégico para toda la Unión, como es la incorporación de nuevos Estados miembros.
La reacción de países como Alemania, Francia, Italia o Polonia evidencia que el debate no gira únicamente en torno al catalán. Muchos gobiernos temen que la aprobación abra la puerta a otras demandas similares y multiplique los costes administrativos y de traducción en las instituciones comunitarias. Desde esta perspectiva, la resistencia no responde necesariamente a una oposición a la lengua catalana, sino a las implicaciones políticas e institucionales que tendría el precedente.
El problema para Sánchez es que cada nuevo intento fallido erosiona la credibilidad de la propuesta y refuerza la idea de que Bruselas se utiliza como escenario de negociación doméstica. Cuando una reivindicación legítima se percibe como moneda de cambio parlamentaria, pierde fuerza moral y gana carga partidista.
El debate del 22 de septiembre permitirá comprobar hasta qué punto existe margen para el consenso o si, por el contrario, la iniciativa volverá a estrellarse contra la oposición de una mayoría de socios europeos. La cuestión de fondo seguirá siendo la misma: si se trata de una auténtica apuesta por el reconocimiento de la diversidad lingüística europea o de una maniobra política destinada a garantizar apoyos en Madrid. Ahí reside la frontera entre la reivindicación legítima y lo que algunos ya califican como un intento de “chantaje lingüístico”.
En definitiva, «España dispone de múltiples instrumentos para defender la oficialidad del catalán. Lo que está en discusión no es la legitimidad de la reivindicación, sino la conveniencia de utilizar como palanca una de las decisiones geopolíticas más importantes de la Unión Europea. Cuando la presión sustituye a la persuasión, el riesgo es ganar titulares y perder aliados.»
