Se espera que sean ratificadas, tal y como ocurrió, de forma unánime, en lo relativo a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS).
En el orden del día del Pleno que se celebrará desde el martes, figura su abstención en los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autónomas –14 de las regiones donde gobierna el PP más el presentado por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page– y por el propio PP; y en las tres cuestiones de inconstitucionalidad restantes, todas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La ponencia sobre esta ristra de abstenciones ha recaído sobre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de despejarlas rápidamente y agilizar con ello la tramitación de las impugnaciones a la ley de amnistía, que se considera asunto prioritario en el TC, si bien el primer fallo no se espera hasta el próximo año.
El PP presentó el pasado viernes un nuevo escrito donde pide apartar a Conde-Pumpido del debate sobre las abstenciones de Campo, así como de las deliberaciones relacionadas con el recurso de inconstitucionalidad de ‘Génova’ –junto a Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez–, hasta que se resuelvan las recusaciones formuladas por los ‘populares’ contra los tres magistrados, según avanzó ‘El Mundo’ y confirmaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.
De prosperar tal petición, podría alterar el próximo Pleno. Sin embargo, desde la sede de Domenico Scarlatti aclaran que el orden del día se mantendrá. Y ello, explican las fuentes consultadas, porque dar curso a la solicitud firmada por los de Alberto Núñez Feijóo supondría abrir la puerta a que la mera presentación de recusaciones contra magistrados permitiera configurar un «tribunal a la carta», algo contra lo que ya hay doctrina constitucional por considerarlo una estrategia fraudulenta.
En consecuencia, se espera que el Pleno dé vía libre a las abstenciones de Campo, el cual decidió apartarse de todos los asuntos que han ido llegando al TC sobre la amnistía porque en el informe que firmó como ministro de Justicia sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’ dijo que ésta era «claramente inconstitucional»
