En concreto, Vox fue multada con más de 230.000 euros por aceptar aportaciones para sufragar sus acciones judiciales, algo que el fiscalizador entiende como donaciones finalistas y, por tanto, irregulares. Ese dinero, según anunció el partido cuando hizo la cuestación, era para financiar sus acciones judiciales, por un lado los gastos necesarios para la interposición de una querella contra el independentista Quim Torra y por otro la fianza para librar de la cárcel a un hombre acusado de dar muerte a un ladrón.
Vox recurrió esta sanción ante el Tribunal Supremo y negó que esas donaciones finalistas puedan considerarse financiación irregular. Es más, subrayó que en su momento «el partido actuó con total transparencia al informar sobre el destino de los fondos al comenzar ambas campañas».
Esas donaciones finalistas también motivaron una multa de 241.399 euros al PDeCAT, el partido independentista que sucedió a Convergència y que acabó en proceso de liquidación.
Y por el mismo motivo fue sancionada Més Per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds, formación integrada en Sumar, que reconoció los hechos y se acogió al pago voluntario de la sanción lo que le permitió ver reducida su multa a 30.000 euros.
De aquel informe también se derivó una sanción a Nueva Canarias (NC) en su caso por faltar al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, y por la falta de un sistema de auditoría o control interno en el ejercicio 2020. La formación tampoco remitió en plazo al fiscalizador las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021. La carencia de ese control interno, que es obligatorio por ley, ya motivó la exclusión de la organización del registro de partidos políticos que gestiona el Ministerio del Interior. NC también reconoció los hechos, pagó voluntariamente y sólo tuvo que abonar 42.000 euros en lugar de lo 50.000 que se le habían impuesto inicialmente.
El PNV fue otra de las formaciones sancionadas a raíz de la fiscalización realizada sobre las cuentas de los partidos de aquellos dos años. En el caso de los nacionalistas vascos, la multa de fue de 5.000 euros por infracción leve al no cumplir con su deber de colaboración con la institución fiscalizadora. El tribunal solicitó al PNV la lista de contratos celebrados esos dos años, pero el partido no se la facilitó alegando que sus normas internas datan de 2018 y que su desarrollo requería «un periodo mínimo razonable para su interiorización por parte de todos los niveles de la organización», lo que se vio dificultado por la convocatoria de cinco procesos electorales en el País Vasco en 2019 y la falta de medios personales.
En el informe de fiscalización de formaciones políticas correspondiente a los años 2018 y 2019 también se apreciaron incumplimientos que podrían constituir infracciones sancionables en por parte de Más País al aceptar donaciones de personas jurídicas. Sin embargo, el tribunal no ha informado de sanción alguna a la formación que lidera Errejón. Además, Chicano dará cuenta el martes del informe de fiscalización de las fundaciones vinculadas a partidos correspondiente al ejercicio 2020, que ese año recibieron casi dos millones y medio de euros en subvenciones públicas y 1,7 millones de euros en aportaciones privadas. Ese informe también constata que un tercio de estas entidades están inactivas y la mitad mal inscritas en el Ministerio del Interior.
