El Constitucional ha decidido negar al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los que fueran sus consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, dentro del Gobierno de Carles Puigdemont, la posibilidad de reincorporarse a la primera línea de la actividad política, al menos mientras no se resuelva la aplicación de la ley de amnistía. De tal manera que se mantendrá la inhabilitación para todos ellos, hasta que resuelvan los recursos de amparo que presentaron contra la decisión del Supremo de no borrarles las condenas del procés.
Fuentes jurídicas han adelantado que la Corte de Garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad, en el Pleno celebrado este martes, tras recuperar la causa aplazada a principios de este mes diciembre. Así las cosas, el TC ha resuelto la cuestión en base a una serie de ponencias que habían recaído en distintos magistrados, tanto del bloque profesional como del izquierdista, que estaban de acuerdo en desestimar la petición cautelar cursada por los líderes separatistas. Dichas solicitudes se enmarcaron en los recursos de amparo que presentaron ante el Constitucional contra la decisión del Supremo (TS) de no aplicarles la amnistía en lo que respecta al delito de malversación de caudales públicos, cuyas consecuencias penales siguen, por tanto, activas, ya que dicho delito no fue objeto de los beneficios provocados por el indulto concedido por Pedro Sánchez, en 2021.
Los magistrados de la Sala Segunda razonaron que el dinero malversado implicó «un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial», por cuanto los líderes independentistas no tuvieron que pagarlo de sus bolsillos, sino que hicieron uso de las arcas públicas para costear un fin partidista; y que con ello afectaron a los intereses económicos y financieros de la UE, porque una eventual secesión de Cataluña habría mermado los ingresos comunitarios procedentes de España.
El Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo pero aún está pendiente que los resuelva, algo que está previsto que haga ya el próximo año. Los líderes independentistas solicitaron que, en el ínterin, se les levantara la pena de inhabilitación, que en el caso de Junqueras llega hasta 2031. Los magistrados han desestimado estas pretensiones.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, que ya se opuso a que se les rehabilitara cautelarmente no solo porque entendía que supondría anticipar el fallo sobre los recursos de amparo en sí mismos, sino porque además tampoco veía que al mantenerlos inhabilitados se les causara un «daño irreparable», el TC ha zanjado el último intento de los cabecillas políticos del procés por conseguir rehabilitarse, en clave doméstica.
A todo ello, se ha sumado un argumento adicional, no vinculante pero sí influyente, de cara a la respuesta final concedida por el TC, que fueron las conclusiones que el abogado general de la UE, el luxemburgués Dean Spielmann, dio a conocer el pasado 13 de noviembre en cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la amnistía. El letrado comunitario señaló que «no es conforme con el Derecho de la UE obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aún cuando el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) no haya adoptado todavía resolución» sobre las cuestiones planteadas.
En la misma línea, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros de Junts Antoni Comin y Lluís Puig recurrieron en amparo al TC la decisión del Supremo de no amnistiarles la malversación del 1-O, solicitando cautelarmente que levantara las órdenes de detención nacional que pesan contra ellos. Al igual que con Junqueras y los demás exconsejeros, sus recursos de amparo fueron admitidos a trámite, si bien se espera que sus peticiones cautelares -aún pendientes de llegar a Pleno- sean rechazadas, de acuerdo con las citadas fuentes.
