La mayoría del órgano ha decidido que Díez puede incorporarse al debate, si bien los magistrados conservadores Arnaldo y Espejel han discrepado de la composición del pleno.
El magistrado del sector progresista Sáez ha sido el encargado de redactar la ponencia que se ha debatido esta mañana, pero fuentes del grupo conservador ya confirmaban a este medio que no iba a existir disparidad entre ambos bloques porque ninguno cree que haya motivo de peso para que Díez dé un paso a un lado. Quedan aún por decidir los incidentes de recusación presentados contra Conde-Pumpido por la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Illes Balears, pero lo previsible es que se aplique la doctrina que se fijó hace dos semanas y que no deja al margen al presidente. Una vez se haya decidido esto, él se incorporará a la deliberación sobre el asunto de Díez.
Al resolver las recusaciones una por una se permite que los que no habían quedado fuera puedan incorporarse al debate y eso engrosa el Tribunal e inclina la balanza hacia los progresistas. De esta forma, ese sector espera que en el pleno que se agendará en unas semanas se aborde la recusación por parte de la Abogacía del Estado al magistrado José María Macías, el último en incorporarse.
Creen que los progresistas apoyarán su recusación, en este caso, porque se pronunció cuando era miembro del CGPJ en un informe formal sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Para los Servicios Jurídicos del Gobierno así como para la Fiscalía (que ha presentado un escrito en otro de los recursos), Macías ya ha emitido una opinión jurídica de la ley y, por tanto, no puede formar parte del fallo que emita el Tribunal sin dañar la imagen de imparcialidad.
