Según informa Reuters, el tribunal ha rechazado un recurso que argumentaba que la medida vulneraba los derechos de los propietarios privados, dando así luz verde a una decisión pionera en el país. Tras la sentencia, las autoridades locales han confirmado que no renovarán las licencias turísticas para alquileres de corta duración una vez finalice el plazo.
El pasado mes de junio, Collboni ya anunció que se suprimirían las licencias de más de 10.000 apartamentos de alquiler a corto plazo. El plan se fundamenta en un decreto regional sobre vivienda aprobado en 2023, que faculta a los municipios para decidir sobre la inclusión de los pisos vacacionales en sus permisos urbanísticos.
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Barcelona se ha convertido así en la primera ciudad española en adoptar una medida tan drástica para hacer frente al aumento de los alquileres. El debate se enmarca en la tensión que vive España, el segundo país más visitado del mundo con un récord de 94 millones de visitantes el año pasado, entre el mantenimiento del turismo como motor económico y las necesidades de la población residente, que se siente expulsada del mercado inmobiliario.
