Según el informe de fiscalización aprobado por el pleno del TCU, la formación se habría saltado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al no informar al de la financiación que recibió, en este caso, de Unicaja.
El partido, ha alegado y, en base a lo expuesto en el artículo 133 de la ley, son las «entidades financieras» quienes han de enviar una información detallada al Tribunal de Cuentas sobre los préstamos concedidos. En cualquier caso, la normativa recoge que las formaciones han de presentar una contabilidad detallada de «sus respectivos ingresos y gastos electorales».
En paralelo, el Tribunal ha propuesto sancionar al PSOE al detectar otras irregularidades en sus gastos electorales. Según el informe, hay gastos «no autorizados» de casi 4.000 euros por la contratación de publicidad «en emisoras de televisión privadas». Algo que está prohibido por ley y que, a juicio del organismo, es sancionable con una reducción de la subvención electoral «en el doble del importe» de estos gastos, es decir, de casi 7.000 euros. La ley impide a los partidos políticos que paguen por un espacio en los medios de comunicación privados durante las campañas electorales y establece de hecho que las formaciones solo pueden utilizar los espacios «gratuitos».
El Tribunal ha propuesto además otra reducción de la subvención al detectar pagos a proveedores por importe de más de 1.400 euros fuera del plazo fijado por ley, aunque en este caso, el partido solo tendrá que pagar el 10% de esos gastos. Respecto a otras anomalías del partido liderado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el organismo advierte de que la formación ha declarado casi 11.000 euros en gastos «cuyos conceptos» no pueden considerarse como desembolsos electorales y que, además, no ha declarado en la fiscalización otros gastos de casi 9.000 euros.
Sobre Sumar
En cualquier caso, el TCU advierte también de algunas irregularidades acometidas por otros partidos políticos. El socio de Gobierno de Sánchez, Sumar, también figura entre las formaciones propuestas por el Tribunal para una reducción de la subvención electoral. El partido liderado por Díaz realizó también pagos a proveedores fuera del plazo que marca la ley pero, a diferencia del PSOE, los desembolsos superaron los 74.000 euros. Algo que, a juicio el Tribunal, es sancionable con una disminución de la subvención electoral en un 10%. Es decir, el partido dejará de recibir casi 7.500 euros.
El organismo ha rechazado en total casi medio millón de euros de los gastos electorales de Sumar. Según explica, figuran desembolsos por más de 52.000 euros que no tienen la consideración de «gasto electoral» y otros tantos gastos de más de 260.000 euros que han sido «insuficientemente justificados». El Tribunal advierte también de pagos realizados a proveedores de más de medio millón de euros que ni si quiera han sido informados en la fiscalización
Sobre Junts
El Tribunal de Cuentas ha propuesto al Ministerio del Interior recortar las subvenciones electorales de 2023 a Junts por un importe de casi 180.000 euros. El partido independentista de Puigdemont superó el plazo de 90 días que tenía para pagar a sus proveedores un total de 1,7 millones de euros, lo que supone un incumplimiento de la ley Orgánica del Régimen Electoral general (LOREG). Junts copa los 1,99 millones pagados fuera de plazo por los partidos políticos a sus proveedores. El recorte de subvención es el 10% de lo que pagó con retraso. Cabe recordar, que el Tribunal alertó de una situación similar de la formación en las elecciones municipales de 2023. El organismo identificó contratos del partido de Puigdemont con terceros de los que no había informado y, de nuevo, pagos a proveedores fuera del plazo regulado. Algo que constituyó una sanción por parte del Tribunal de reducir en un 10% la subvención electoral que recibió la formación. En cualquier caso, la formación política no se ha opuesto a la sanción tipificada y ni siquiera ha emitido ninguna alegación al respecto.
