Torres ha saso a entender que, si el Gobierno se ha echado en brazos de Junts para imponer a las comunidades un reparto de menores extranjeros por la vía del real decreto ley, es por culpa del PP.
Torres se felicitó por un acuerdo que definió como «un hito en la defensa de los derechos humanos y del interés superior del menor», ante lo que calificó como una «contingencia migratoria extraordinaria». El ministro anunció la movilización de 100 millones de euros pero no quiso dar cifras de la distribución de esos 4.400 menores que enviarán desde Canarias a la península. Porque, según él, lo primero será que las comunidades envíen al Ejecutivo las cifras de cuántos de estos menores tienen acogidos. Pero tampoco desmintió a Junts, que al anunciar el acuerdo a primera hora de este martes detalló que Cataluña recibirá entre 20 y 30 y Madrid, unos 700.
Es más, Torres deslizó que el partido de Puigdemont no ibá desencaminado respecto a esos 20 o 30: «Yo no voy a valorar los números que ha dicho Junts per Catalunya, entiendo que tendrá bien los números de su comunidad autónoma. Pero después del 31 de marzo es cuando sabremos claramente la realidad numérica y también de personas en cada uno de los territorios». El ministro de Política Territorial se refirió a esa fecha porque, en el decreto ley, su departamento da de margen a las comunidades hasta el último día de marzo para que envíen sus datos, certificados por funcionarios. Si alguna no lo hace, el Ministerio lo averiguará por sus propios medios. A partir de ahí, y en base a unos criterios «objetivos, transparentes y claros» -según él-, Política Territorial hará el cálculo y lo llevará a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están representadas todas las regiones.
La población pesará un 50 % en el cómputo; la tasa de paro, un 15 %; la renta per cápita, un 13 % y el esfuerzo previo realizado, un 6 %. Esto último es una concesión a Junts y favorece especialmente a Cataluña y el País Vasco. La idea del Gobierno es que el decreto ley se someta a convalidación del Congreso en la primera quincena de abril y, después, llevar a efecto el reparto (un informe de la Abogacía del Estado ha recomendado no mover a un solo menor hasta que las Cortes no hayan refrendado la norma).
El ministro Torres reconoció que la norma no establece un régimen de sanciones, pero confió en que ni las comunidades del PP ni Núñez Feijóo se dejen amedrentar por las amenazas de Vox. «¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores?», se preguntó, y llegó a pedir a esos presidentes regionales que «visiten los centros de menores de los lugares donde están hacinados». En cualquier caso, Torres recordó que un real decreto ley es «de obligado cumplimiento» e insinuó que el Gobierno está dispuesto a acudir a la Justicia ante cualquier desacato.
