«La programación por objetivos es deficiente y no facilita el seguimiento de la ejecución y la valoración de sus resultados» , asegura el Tribunal, que insiste, además, en que «el presupuesto no informa de los costes previstos y reales de las actuaciones, ni especifica los relativos a los laboratorios agroalimentarios».
El informe pone el foco, de hecho, en las deficiencias detectadas en la administración de estos laboratorios, que prestan un servicio de control oficial de los alimentos en coordinación con las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas recuerda que el Ministerio de Agricultura ha identificado riesgos para el funcionamiento de los mismos relacionados con la carencia de personal y la obsolescencia de los equipos, pero concluye que «no ha adoptado medidas al respecto».
Según dice, existe un alto riesgo de incurrir en la cesión ilegal de trabajadores debido a que los laboratorios prestan servicios gratuitos a las Comunidades Autónomas sin la cobertura de convenios y aplican unos precios a entidades privadas que no cubren los costes.
El Tribunal de Cuentas recomienda por todo ello al MAPA que, «de forma necesaria y urgente, impulse un plan de acción para sus laboratorios agroalimentarios para su ejecución inmediata» con el objetivo de garantizar los medios personales y técnicos para la prestación de sus servicios. La fiscalización ha constatado, asimismo, «la insuficiencia de personal para atender el servicio y la existencia de unos equipos técnicos antiguos con riesgo de obsolescencia y deterioro».
De hecho, falta el 19% de la plantilla de personal y el 63% de los equipos tienen una antigüedad superior a los 10 años. Por otro lado, el informe refleja deficiencias en el diseño de la programación ya que no existen indicadores de resultados que permitan concluir la efectivad del programa. No obstante, el Tribunal de Cuentas, a través de mediciones alternativas, valora de forma positiva la interlocución existente entre la Dirección General de Alimentación, el sector agroalimentario y la Unión Europea y la buena coordinación en los controles de calidad alimentaria de las comunidades autónomas.
El Tribunal destaca que el programa de Competitividad, cuya gestión correspondía en el periodo fiscalizado a la Dirección General de la Industria Agroalimentaria, tiene el objetivo de convertir a España en un referente alimentario europeo y mundial con varios puntos específicos: la mejora del funcionamiento y vertebración de la cadena; el fomento de la dimensión y competitividad de las empresas y cooperativas; el desarrollo de la normativa y el control de la calidad; la promoción de los alimentos de España; el apoyo al desarrollo de la producción ecológica y la reducción de desperdicio.
El presupuesto del programa de competitividad fue el más pequeño del Ministerio de Agricultura y Alimentación en 2021 y 2022, con importes iniciales de 31,3 y 31,7 millones de euros, respectivamente. No obstante, según recuerda en su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas, este programa no dota créditos para atender los gastos corrientes en bienes y servicios.
