La resolución, firmada el 12 de mayo de 2026 por el juez federal John D. Bates, permite a los acreedores del denominado caso InfraRed registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses y avanzar en la búsqueda de activos españoles susceptibles de embargo. El procedimiento deriva del arbitraje impulsado por InfraRed Environmental Infrastructure, representada por Blasket Renewable Investments, después de que el tribunal arbitral del CIADI concluyera que España vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las renovables.
La indemnización inicial ascendía a 28,2 millones de euros, pero la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales han elevado la cuantía reconocida por la justicia estadounidense hasta unos 41 millones de euros, equivalentes a 47,6 millones de dólares.
El juez Bates rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución al considerar que mantener paralizado el cobro pondría en riesgo las posibilidades de recuperación de los acreedores. La resolución subraya la existencia de numerosos laudos pendientes contra el Estado español y el número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos. La corte también autoriza continuar con las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en EEUU. Entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026.
El fallo supone un nuevo revés judicial para el Gobierno español en la ofensiva internacional de los acreedores de los laudos renovables. El juez recuerda además que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo y señala que el Ejecutivo no ha acreditado haber solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos para cumplir con la sentencia
