Su primera actuación ha sido solicitar al propio ministerio público un informe sobre competencia y contenido en relación con la exposición razonada y con las denuncias y querellas planteadas por otras asociaciones por el mismo asunto, dictamen que corresponderá a la teniente fiscal del Supremo, Sánchez Conde, que es la persona que sustituye al fiscal general en caso de enfermedad o cuando debe apartarse de algún procedimiento, como lógicamente ocurre con este. La número dos de la carrera fiscal es la que redactó también los informes del ministerio público en Tsunami Democràtic y en el ‘procés’, cuando los fiscales adscritos al caso fueron apartados.
En la diligencia de ordenación, el tribunal acuerda acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra Ortiz. Se trata de una querella de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que fue la primera que se presentó el pasado mes de marzo, una denuncia y una querella del sindicato Manos Limpias y la exposición razonada elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de esas acciones estará formada por el presidente de la Sala Segunda, Marchena, y los magistrados Berdugo, del Moral, Lamela, y Polo, que ha sido designada ponente.
El fiscal general ya ha anunciado que su intención en seguir al frente de su cargo aunque la Sala de lo Penal decida imputarle e investigarle.
