En el caso de la corte de garantías, desde el instructor del ‘procés’, el magistrado del TS Llarena, hasta cualquier juez con procedimientos afectados por la amnistía podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC se pronuncie sobre el encaje de este perdón en la Carta Magna.
En paralelo, los jueces españoles también podrían llamar a la puerta del TJUE planteando una cuestión prejudicial para que la corte comunitaria compruebe si la amnistía concedida respeta el Derecho de la UE.
Las fuentes auguran un choque con las normas comunitarias por el delito de malversación, que forma parte del elenco de ilícitos incluidos en las causas sobre el ‘procés’. En este sentido, recuerdan que se trata de una figura central en la lucha contra la corrupción, que desde Bruselas se quiere reforzar.De hecho, el pasado mayo la Comisión Europea planteó en una propuesta de directiva armonizar penas para que la malversación tenga una pena máxima de al menos 5 años en todos los estados miembro, algo que de prosperar obligaría a España a volver a reformar este delito.
La norma general, conforme explican tanto el TC como el TJUE en sus respectivas web, es que ambas acciones supondrían la suspensión del caso donde se hayan planteado dichas cuestiones hasta que el tribunal resuelva. No obstante, este extremo suscita dudas, ya que las fuentes recalcan que ninguna de las dos consultas permitiría suspender la aplicación de la ley de amnistía, con la salvedad de que ante el TC se solicitaran y concedieran medidas cautelares.
Cabe recordar que una amnistía de los hechos que condujeron al 1-O favorecería no solo a sus líderes –el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los demás prófugos, así como su ex vicepresident Oriol Junqueras y los otros condenados a los que se les indultó la cárcel pero no la inhabilitación–, sino también a decenas de cargos menores: más de 40 potenciales beneficiarios.