La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reactivado las pesquisas abiertas en el Supremo contra la posible financiación irregular del PSOE, en el marco de la causa que se sigue en el Alto Tribunal contra la cúpula de Ferraz: los dos exsecretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos y el ex asesor de éste en el Ministerio de Transportes, Koldo García Izaguirre.
En el último informe remitido por los agentes judiciales al instructor Puente ha llevado al magistrado a ordenar nuevas diligencias al hilo de dichos indicios preliminares, los investigadores han identificado algunos desfases en las cuentas de Santos Cerdán, en la misma línea de lo apuntado para Ábalos antes de verano.
En concreto, la Guardia Civil desvela que en el transcurso de la confección del dictamen en curso sobre la «situación patrimonial, tributaria y financiera de Santos» –actualmente en prisión provisional, en la madrileña cárcel de Soto del Real– obtenida de los mandamientos iniciales del juez Puente, se han observado algunas irregularidades y desfases en las cantidades percibidas del Parlamento, como pago durante su etapa como diputado; y, en las donaciones efectuadas por el dirigente socialista al partido.
«Analizadas las percepciones económicas imputadas por la AET [Agencia Tributaria] a Santos procedentes del Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024 ambos inclusive, consta un total de 543.656, 84€» de los que, sin embargo, «salvo error u omisión, la cuantía reflejada en sus cuentas [bancarias] dimanante directamente del Congreso de los Diputados asciende a un total, en esos mismos años, de 35.453,20 €», reza el escrito dirigido por la UCO al magistrado.
Por otra parte, Hacienda «imputa a Santos haber realizado donaciones al Partido Socialista Obrero Español por un total de 32.194,98 €, igualmente, en los productos bancarios solo existe constancia de pagos» a dicha formación, en el mismo período de diez años, «por un monto total de 5.700 €».
Además, los agentes judiciales han señalado al instructor cómo, en dicho análisis inicial «se desprende que existen percepciones económicas giradas como nómicas provenientes del Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales en las fechas antedichas» que deben ser ampliados, detallados y aclarados.
