Los mensajes cruzados entre la denominada ‘fontanera’ socialista y el que fuera jefe de gabinete de Sánchez en la Presidencia del Gobierno y posterior titular de Correos, Serrano, arrojan evidencias sólidas cobre cómo ambos mantuvieron contacto de manera «asidua» a través de un «gran número de mensajes», antes incluso de la incorporación de la militante del PSOE a la entidad pública donde coincidieron.
Así las cosas, en el atestado de 58 páginas presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) en la causa de las ‘cloacas’ que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, se identifican referencias constantes de ambos a «reuniones y encuentros» vinculados con la trama SEPI, algunos de ellos con el ex presidente de la sociedad pública Vicente Fernández, orientados a la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la institución pero, también, relativos a «la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno».
Un informe que vendría a confirmar la existencia de supuestas maniobras, en la cúpula del PSOE, para desestabilizar las causas judiciales más delicadas que salpican al Ejecutivo, al núcleo íntimo del presidente y a Ferraz. No en vano, los agentes de la UCO han destacado la familiaridad entre Serrano, que presidió Correos desde 2018 a 2023, y Díez. Hasta el punto de que el ‘enchufe’ de la mujer en la entidad pública contó con la intervención de Serrano y el propio Fernández, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta 2019, también imputado.
Así las cosas, tras una conversación con Serrano, Fernández se puso en contacto con Leire para confirmarle su incorporación a la plantilla de Correos, en mayo de 2021, que se materializó poco tiempo después: «Lo tuyo sale».
El sumario sostiene que Serrano desempeñó un papel relevante en los primeros momentos de la presunta organización. Los investigadores apuntan a que estuvo presente en reuniones celebradas en la sede del PSOE en Ferraz en las que se habrían diseñado parte de las actuaciones para intentar neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. Además, la Guardia Civil sostiene que Leire Díez le informaba de manera continuada de las gestiones que iba realizando, además de consultarle algunos pasos antes de ejecutarlos. La UCO considera que esa relación evidencia que Serrano no era un mero conocedor de los hechos, sino una persona con intereses directos en la evolución de la estrategia investigada.
Durante los registros practicados por orden del juez de la Audiencia Nacional Pedraz, los agentes intervinieron el teléfono móvil y un ordenador de Serrano para analizar si existen comunicaciones con otros integrantes de la presunta trama que permitan esclarecer el alcance de su participación.
Paralelamente, la investigación también pone el foco en la gestión de Correos durante la presidencia de Juan Manuel Serrano. La UCO investiga diversas adjudicaciones públicas realizadas durante ese periodo y analiza si pudieron producirse irregularidades en algunos contratos de la empresa estatal, una línea de investigación que se conecta con el entorno de Leire Díez, quien ocupó un cargo directivo en Correos durante el mandato de Serrano.
Los investigadores tratan de determinar si determinadas decisiones adoptadas en la empresa pública guardan relación con las actividades investigadas dentro del denominado caso Leire y si existió una utilización de la estructura de Correos para favorecer intereses de personas vinculadas al entorno socialista.
En las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento, el juez Pedraz aprecia indicios de colaboración de Serrano con los principales investigados en la ejecución de determinados actos relacionados con la presunta trama. No obstante, el magistrado subraya que será el avance de la instrucción y el análisis del material incautado el que permita determinar si esos indicios desembocan en una eventual responsabilidad penal.
La causa mantiene como principales investigados a Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Cerdán, la gerente del partido Fuentes y otras personas presuntamente implicadas en una red que, según el juez, habría tratado de obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno mediante distintas actuaciones coordinadas.
