La medida buscaba fomentar el desarrollo del mercado secundario que funcione correctamente para créditos dudosos y establecer normas a fin de autorizar y supervisar a los compradores y administradores de créditos. Para ello, es necesario contar con criterios armonizados que permitan a los administradores comercializar a escala transfronteriza.
El Gobierno ha tomado nota del tirón de orejas para llevar la norma cuanto antes al Congreso de los Diputados. A este respecto, el pasado marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de administradores y compradores de créditos que obligará a las entidades a renegociar las condiciones de los dudosos como paso previo a exigir su devolución en caso de impago.
