31 de julio de 2026. Es la fecha límite que los sindicatos dan al Gobierno para cumplir con los compromisos adoptados en los últimos acuerdos de diálogo social, esencialmente en el marco de las negociaciones con patronal y Ministerio de Trabajo. El ultimátum se dirige de forma especial al departamento de la vicepresidenta segunda, Díaz, y al Ejecutivo en su conjunto, que mantienen retenidas una serie de normas que habían sido pactadas con UGT y CCOO. Entre ellas, el endurecimiento del registro horario, la prohibición de la compensación y absorción de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y la agilización del proyecto de ley de riesgos laborales.
«El Gobierno es uno, y cuando llega a un compromiso con los sindicatos es el Gobierno. No es un ultimátum a Carlos Cuerpo ni a Yolanda Díaz, es al Gobierno», aseveró el secretario general de CCOO, Sordo, durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación de un fondo económico de resistencia para sostener a los trabajadores en los procesos de protestas ante la renovación de convenios colectivos. «Ya vale de estar mareando la pelotita, ya vale de juego de trileros», criticó el dirigente sindical asegurando que si el registro horario no está aprobado antes del 31 de julio no se volverán a firmar acuerdos con el Ejecutivo.
«El Gobierno tiene un problema: tiene que cumplir lo que firma. No hay ninguna razón objetiva para que a día de hoy estemos pendientes del registro horario», señala el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalando, no en vano, que se tendrán que realizar matizaciones sobre el texto inicial para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Estado.
El principal motivo de la demora en la aprobación del nuevo registro horario digital radica en las discrepancias entre el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, y el de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, respecto a los plazos de implantación para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Mientras que Economía propone otorgar un período de transición de hasta un año para facilitar la adaptación de estos negocios, habiendo emitido ya dos informes desfavorables al borrador actual, Trabajo considera que el límite de transición debe ser de seis meses, argumentando que el control de la jornada ya es obligatorio desde 2019 y que los sistemas digitales actuales son accesibles y económicos.
El desacuerdo también se centra en la interpretación de los plazos de aplicación de la norma. Economía aboga por un acompañamiento más flexible y equilibrado para evitar un impacto negativo en las pymes. Además tras la demora está la necesidad de realizar ajustes técnicos en el texto para asegurar su viabilidad política y legal antes de su presentación en el Consejo de Ministros, que ya fue cuiestionada en el dictamen del Consejo de Estado.
Trabajo prevé introducir modificaciones menores en las próximas semanas, centradas en el respeto a la protección de datos y el espacio otorgado a la negociación colectiva. El objetivo de estos cambios es facilitar el consenso interno en el Gobierno y preparar la norma ante las previsibles impugnaciones judiciales de la patronal CEOE, sin alterar los elementos esenciales del proyecto: la obligatoriedad del formato digital y su interoperabilidad con la Inspección de Trabajo.
Por otro lado, el Gobierno ha frenado la trasposición de la Directiva europea sobre salarios mínimos adecuados mediante un proyecto de real decreto que limita la capacidad de las empresas para absorber las subidas a través de pluses y complementos. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, respondía a un compromiso con los sindicatos UGT y CCOO en el marco del acuerdo para elevar el SMI un 3,1% en 2026. La medida busca que el salario mínimo funcione como una base garantizada sobre la cual se acumulen los complementos, impidiendo que las compañías neutralicen el impacto real del incremento salarial anual.
