Asimismo, se habilita una nueva línea de avales, por cuenta del Estado, por 5.000 millones de euros, disponible hasta el 31 de diciembre de 2040, para ofrecer “liquidez inmediata a hogares, empresa y autónomos” afectados por esta emergencia. El paquete aprobado este martes también contempla una ampliación de plazos de ejecución para la actividad industrial y turística, y una mejor ejecución de ayudas para el sector de la automoción, “estratégico” para la Comunidad Valenciana.
En cuanto al Plan Fepyme Dana, con un presupuesto de 350 millones y dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector industrial, turístico y servicios, se amplía su ámbito de actuación a pymes y startups de toda España que presenten proyectos para reducir el impacto del cambio climático.
El real decreto también especifica que el Ministerio de Industria y Turismo amplía hasta el 31 de diciembre de este año, el ‘Plan Reinicia Auto+’ de ayudas para la adquisición de vehículos a aquellos ciudadanos afectados. El plan está dotado con 465 millones de euros y colaboran 1.300 concesionarios de coches. Por otro lado, se destinarán 60 millones de euros para mejoras y prevención de futuras catástrofes en la Comunidad Valenciana, pero también en Letur y Mira (Castilla-La Mancha) y Alhaurín de la Torre (Andalucía).
Por su parte, los autónomos afectados por la dana podrán acceder a la prestación por cese de actividad extraordinario hasta diciembre de este año, así como la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de la cotización a la Seguridad Social para empresas y autónomos.
Las nuevas prestaciones por cese de actividad, dirigidas a los autónomos que cumplan los requisitos que fija el Real Decreto, podrán percibirse con efecto retroactivo (a 1 de febrero de 2025), siempre que la solicitud se presente en los 21 días naturales siguientes a su entrada en vigor. En caso contrario, se percibirá el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud, como precisaron desde Presidencia del Gobierno.
En cuanto al aplazamiento, se establece un tipo de interés reducido del 0,5% en el pago de la cotización a la Seguridad Social, que podrán solicitarse para las cuotas correspondientes entre los meses de noviembre de 2025 a enero de 2026, en el caso de empresas, y entre los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026, en el caso de trabajadores autónomos, siempre que estén al corriente de pago y no tengan otro aplazamiento en vigor.
El real decreto incluye medidas relacionadas con el sector actividades culturales de las zonas afectadas, por valor de un millón de euros. Las ayudas del Ministerio de Cultura irán destinadas al proyecto ‘Salvem les fotos’ en la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.
Las nuevas ayudas se suman a los más de cuatro millones con los que el Ministerio de Cultura ha concedido a lo largo del último año a los sectores del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados.
El paquete de medidas también ofrece una ampliación del plazo de ejecución de las ayudas por valor de 40,5 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales que fueron entregados a los ayuntamientos para prestaciones básicas de servicios sociales hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta ampliación también se aplica a la subvención de 5,7 millones de euros que se realizó desde el Ministerio a entidades de tercer sector, y que fue canalizada a través de la Plataforma del Tercer Sector, para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos, así como para los 1,7 millones de ayudas para 26 municipios afectados en materia de accesibilidad otorgados por el Real Patronato sobre Discapacidad.
La ministra portavoz también recordó que el Gobierno ha transferido ya 8.000 millones de euros y precisó que de 85 de cada 100 euros recibidos los hogares, empresas o ayuntamientos afectados “proceden del Gobierno de España”. El pasado septiembre, la Comisión Europea dio luz verde a la canalización de fondos europeos de 1.240 millones de euros del Plan de Recuperación para apoyar la respuesta ante catástrofes natural, a través de la denominada adenda dana.
