En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, el directivo sostuvo que no existen «limitaciones técnicas» que impidan extender la vida útil de la planta, cuyo desmantelamiento estaba fijado para iniciarse en 2027.
Galán ha afirmado que la decisión final «corresponde a la política energética del Gobierno», y señaló que el Ejecutivo «tendrá que tomar la decisión y explicar las consecuencias». El dirigente ha defendido que «socialmente hay una demanda, económicamente es la mejor solución, y, en cuanto al funcionamiento del sistema, se necesita para mantener el servicio en pleno funcionamiento».
En su intervención, el presidente de Iberdrola ha destacado, además, que en los últimos tiempos se percibe «una corriente, tanto de diferentes partidos políticos como de la sociedad civil, pidiendo que se mantengan en funcionamiento las centrales nucleares, por responsabilidad social y porque esta energía es necesaria para mantener las luces encendidas en el país, proporcionando un servicio seguro y barato». En esta línea, el máximo responsable de la eléctrica ha subrayado que los tres propietarios de la planta de Almaraz -Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)- «han pedido al Gobierno que dé continuidad a la central».
Según Galán, los dos reactores de Almaraz podrían operar hasta 2030 «sin tener que pedir ningún tipo de licencia nacional o internacional para seguir». El protocolo firmado en 2019 entre las compañías propietarias y Enresa (la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos) establecía un calendario para el cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035, comenzando por el primer reactor de Almaraz.
«Las nucleares son seguras y son necesarias, y yo creo que se necesitan mucho más que antes, incluso para poder evitar posibles apagones o posibles problemas que puedan afectar al servicio», ha insistido. En relación al incidente que paralizó el suministro eléctrico el pasado 28 de abril, el directivo ha cifrado en 180 millones de euros el impacto negativo en sus cuentas hasta el pasado mes de septiembre. Durante la conferencia, Galán ha señalado que la operación reforzada en el sistema eléctrico, aplicada por Red Eléctrica de España (REE) desde el ‘blackout’, está suponiendo un aumento de costes de los servicios auxiliares que, en la mayor parte de los casos, la compañía no está pudiendo trasladar a sus contratos multianuales. «Entonces esto afecta los resultados, puesto que no hemos trasladado estos costes a nuestros clientes».
