No se trata de una cifra neutra ni meramente contable, sino de una carga que condiciona el presente y, sobre todo, el futuro económico del país.
Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, la deuda por habitante se situaba en 23.950 euros. Siete años después, la diferencia es elocuente: casi 11.000 euros más por persona. En términos agregados, el incremento roza los 600.000 millones de euros. Una magnitud que, por sí sola, debería ocupar un lugar central en el debate público.
Es cierto que el Gobierno suele ampararse en la evolución del ratio deuda/PIB, que tras el pico de la pandemia se ha reducido hasta el entorno del 101%. Sin embargo, este descenso tiene más que ver con el crecimiento nominal del PIB —impulsado en parte por la inflación— que con una reducción real del endeudamiento. La deuda no baja: simplemente pesa algo menos en comparación con una economía inflada por factores coyunturales.
Lo más preocupante es que esta tendencia no se ha corregido ni siquiera con la salida de la crisis sanitaria. En 2025, la deuda aumentó en 78.000 millones de euros, el mayor incremento anual de todo el mandato de Sánchez si se excluyen los ejercicios más duros del coronavirus. Y todo ello en un contexto de fuerte aumento de la recaudación tributaria, como consecuencia tanto del crecimiento económico como de la elevada inflación.
A este escenario se suma un elemento clave: el respaldo extraordinario de los fondos europeos. España ha recibido más de 100.000 millones de euros de Bruselas entre transferencias y préstamos, una ayuda sin precedentes destinada precisamente a facilitar la recuperación y la transformación económica. Pese a ello, el Gobierno ha sido incapaz de frenar el deterioro de las cuentas públicas y, de hecho, ha terminado renunciando a parte de los créditos disponibles.
La inflación ha jugado, además, un doble papel. Por un lado, ha erosionado el poder adquisitivo de las familias; por otro, ha engrosado la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos. Aun así, el Ejecutivo se ha negado reiteradamente a deflactar el IRPF para aliviar la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas, pese a las peticiones de la oposición y de numerosos expertos.
El balance es difícilmente defendible: más deuda por ciudadano, más impuestos y un uso ineficiente de un contexto excepcionalmente favorable en términos de ingresos y apoyo europeo. Todo ello sin avanzar de forma clara hacia un saneamiento de las finanzas públicas.
La comparación histórica añade otra capa de reflexión. En ocho años de Gobierno, Pedro Sánchez ha incrementado la deuda pública en unos 590.000 millones de euros, una cifra superior a los 414.000 millones acumulados por Mariano Rajoy durante seis años y medio en el poder. Ambos afrontaron crisis severas, pero no puede olvidarse que la del anterior presidente fue más prolongada y partía de una situación financiera mucho más deteriorada que la existente en 2018.
Más allá de la disputa partidista, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿qué ocurrirá cuando desaparezcan los vientos de cola —fondos europeos, inflación elevada, crecimiento nominal— y haya que afrontar la realidad fiscal sin red? Porque la deuda, a diferencia del relato político, no se diluye con frases, sino que pasa factura, siempre, con intereses.
