He escuchado sus historias, he visto su incertidumbre y he comprobado cómo una situación que debía ser excepcional se convirtió, en España, en una práctica estructural. Por eso considero que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida hoy marca un punto de inflexión.
No estamos ante un matiz jurídico ni ante una corrección menor. Estamos, a mi juicio, ante una resolución de enorme alcance que obliga a mirar de frente una realidad que durante demasiado tiempo se ha intentado normalizar: el abuso de la temporalidad en el sector público español.
La dimensión del problema es conocida. Casi un millón de empleados públicos temporales, muchos de ellos en ámbitos tan sensibles como la sanidad o la educación, han vivido durante años en una precariedad incompatible con los principios de seguridad jurídica, igualdad y buena administración. Y detrás de esa cifra hay además un fuerte componente social: la mayoría de las personas afectadas son mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años, con trayectorias profesionales de 10, 20 o incluso 30 años al servicio de la Administración.
Lo que esta sentencia viene a decir, con una contundencia poco habitual, es que no basta con reconocer el abuso: hay que sancionarlo de manera efectiva. Y esa sanción no puede consistir en fórmulas que, en la práctica, han permitido perpetuar el problema sin resolverlo. Europa recuerda así algo esencial: que el Derecho de la Unión no es una referencia decorativa ni una recomendación política, sino un marco jurídico vinculante que los Estados deben respetar.
Desde mi experiencia, este pronunciamiento tiene también un valor que va más allá del debate sobre la temporalidad. Refuerza un principio básico: que los derechos de los ciudadanos europeos no pueden quedar vacíos por la resistencia de los Estados a aplicarlos correctamente. Cuando una norma nacional o una práctica administrativa se apartan del Derecho europeo, no puede pedirse al ciudadano que asuma ese coste como si fuera inevitable.
Durante mucho tiempo se ha intentado sostener que distintas medidas adoptadas en España bastaban para cumplir con las exigencias europeas. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Si después de tantos años seguimos hablando de cientos de miles de personas en abuso de temporalidad, es evidente que el sistema no ha funcionado. Y cuando un sistema no corrige el abuso, sino que lo cronifica, deja de ser una solución para convertirse en parte del problema.
Creo, sinceramente, que esta sentencia obliga a replantear en profundidad el modelo de empleo público en España. Ya no se trata solo de cerrar una controversia jurídica, sino de restaurar una mínima idea de justicia para quienes han dedicado su vida profesional a la Administración en condiciones inaceptables. No hablamos de privilegios, sino de reparación, de legalidad y de dignidad.
Después de más de dos décadas de incumplimientos, ha llegado el momento de asumir que no se puede seguir construyendo lo público sobre la precariedad de quienes lo sostienen cada día. La sentencia del TJUE no abre únicamente una nueva etapa judicial; abre, sobre todo, una oportunidad para corregir una anomalía democrática e institucional que nunca debió consolidarse.
