Transformar un proceso industrial exige tecnología disponible, redes suficientes, equipos nuevos, financiación y, sobre todo, alternativas técnicas y económicamente viables. Lo que funciona en una instalación puede no servir en otra. Y lo que hoy parece prometedor puede tardar años en alcanzar un coste asumible.
Durante mucho tiempo coexistirán electricidad, gas natural, biogás, biometano, hidrógeno y otras soluciones. Algunas industrias podrán electrificar parte de sus consumos. Otras avanzarán reduciendo demanda, recuperando calor o modernizando equipos. En ciertos procesos podrán incorporarse gases renovables; en otros, el hidrógeno tendrá sentido. Y muchas fábricas seguirán necesitando gas natural para generar vapor, alimentar hornos y secaderos, mantener procesos térmicos o utilizarlo como materia prima.
No se trata de elegir una tecnología favorita, aunque a veces la regulación parezca empeñada en hacerlo. Se trata de reconocer que la transición industrial será plural, gradual y distinta en cada fábrica.
La propia normativa empieza, tímidamente, a admitirlo. La reciente orden sobre empresas de gran consumo de energía permite contabilizar hasta 2030 los ahorros obtenidos mediante mejoras de eficiencia en tecnologías de combustión directa de combustibles fósiles cuando no exista una alternativa no fósil técnicamente viable. Traducido del lenguaje regulatorio: sí, habrá gas para rato, y mejorar su uso también cuenta como descarbonización.
Es una dosis bienvenida de realismo. Reducir el consumo de una caldera, mejorar el rendimiento de un horno o modernizar una instalación que todavía necesita gas también disminuye emisiones. La transición no consiste únicamente en sustituir una molécula por un electrón, también consiste en consumir menos, producir mejor y preparar los procesos para incorporar nuevas soluciones cuando sean competitivas.
Sin embargo, mientras una parte de la regulación reconoce que el gas seguirá siendo necesario, otra parece decidida a encarecerlo cuanto antes. A la cotización internacional se suman peajes, cargos, aportaciones al FNEE, futuras cuotas de biometano y otros costes regulados. Todo ello mientras se pide a la industria que acometa inversiones millonarias para transformar sus procesos. Una estrategia peculiar: exigir más inversión y reducir, al mismo tiempo, el margen con el que debe financiarse.
Penalizar hoy el gas que todavía necesita la industria no acelera necesariamente su transformación. Puede conseguir justo lo contrario.
Una fábrica con menor margen no electrifica antes ni instala más rápido nuevos equipos. Tampoco asume con mayor facilidad el sobrecoste del hidrógeno o del biometano. Lo habitual es menos épico: aplaza inversiones, reduce producción, pierde cuota de mercado o desplaza actividad hacia países con costes más favorables.
Y cuando una fábrica cierra, su consumo energético desaparece de nuestras estadísticas. Puede parecer una magnífica noticia para algún gráfico de emisiones, pero no es descarbonización. Es producción que se marcha y que, con frecuencia, reaparece en otro país con menores exigencias ambientales.
La caída del consumo de gas no puede interpretarse automáticamente como un éxito climático. Una parte relevante responde a menor producción y pérdida de competitividad, no a una sustitución tecnológica ordenada. (Ver nuestro habitual A Fondo)
La industria quiere reducir emisiones y está dispuesta a invertir en eficiencia, electrificación, gases renovables, hidrógeno y nuevas tecnologías. Pero para hacerlo mañana necesita seguir siendo competitiva hoy. Mantener un gas competitivo durante la transición no significa frenar la descarbonización; significa preservar la capacidad financiera y productiva de las empresas que deben protagonizarla.
Precisamente por eso necesitamos, de una vez, un Estatuto del Consumidor Gasintensivo que reconozca nuestras particularidades: la elevada dependencia del gas, la exposición a la competencia internacional, la dificultad técnica de sustituirlo en determinados procesos y el esfuerzo inversor necesario para descarbonizarse. Los consumidores electrointensivos cuentan desde hace años con un marco propio. Los gasintensivos seguimos esperando, aunque las obligaciones y los costes no parecen tener la misma paciencia.
Necesitamos una política energética coherente, que impulse alternativas sin penalizar prematuramente las tecnologías todavía necesarias; que apoye la inversión en lugar de limitarse a imponer obligaciones; y que permita a cada industria elegir la solución más adecuada.
La transición debe ser ambiciosa, pero también ordenada, flexible y económicamente viable. Debe reducir emisiones sin reducir producción y atraer inversión en lugar de expulsarla. Necesitamos una transición con los pies en la fábrica y un Estatuto que garantice que esas fábricas sigan abiertas para protagonizarla.
