La inseguridad jurídica se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los arrendadores. Según SEAG, más del 70% de los propietarios considera la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda como el principal riesgo asociado al alquiler. La incertidumbre sobre los plazos judiciales ha pasado a ser un factor tan relevante como la rentabilidad obtenida, especialmente entre los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del mercado de alquiler en España.
En este sentido, el coste medio para SEAG en la cobertura a un propietario alcanza los 4.000 euros, teniendo en cuenta el proceso judicial, el mantenimiento de la vivienda y la no obtención de la renta. Ese coste se registra cuando, durante el proceso de mediación, consigue pagos ocasiones del inquilino. En el caso de que un inquilino deje de pagar completamente la renta, la distribución de los costes para un propietario que no cuente con los servicios de una compañía es la siguiente:
· Rentas impagadas (70-80% del total del coste): Constituyen el principal impacto económico para el propietario. Considerando la duración media de un procedimiento judicial y una renta mensual de referencia de unos 700 euros/mes, las pérdidas por impago pueden situarse entre 10.000 y 13.000 euros.
· Gastos legales (5-10%): Los costes asociados a un procedimiento de desahucio, incluyendo abogado, procurador y demás gastos procesales, suelen oscilar entre 800 y 1.500 euros.
· Daños en la vivienda (10-15%): Dependiendo del estado en el que se recupere el inmueble, los gastos de reparación y acondicionamiento pueden situarse entre 500 y 3.000 euros.
