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VIVIENDA: los planes del Gobierno se quedan muy cortos

El servicio de estudios de BBVA calcula que «asumiendo la ejecución plena del presupuesto del Plan de Vivienda del Gobierno en los próximos cuatro años», es decir, el 40% de los 7.000 millones de euros anunciados entre 2026 y 2030, «el parque de vivienda pública aumentaría en torno a las 33.000 unidades».

RedaccionRedaccion—21 de mayo de 20260
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Esta cantidad de casas públicas nuevas es para el banco «muy baja comparada con lo que se ha construido en el pasado y con la que se necesitaría para alcanzar rápidamente un parque de vivienda pública similar al del conjunto de la UE», insiste en su último informe.
BBVA Research explica que desde 2018 se han iniciado en España unas 13.000 viviendas protegidas al año, muy lejos de las casi 60.000 entre 1995 y 2002 y de las más de 80.000 construidas anualmente entre 2003 y 2010. «Todo ello mientras se han creado 145.000 hogares de media al año y 260.000 desde 2021», señala..
El servicio de estudios del banco señala que la razón de este bajo porcentaje de vivienda pública sobre el total en España se debe a que el histórico parque de vivienda pública que se construyó en el pasado se ha liberalizado. Por eso, el banco ve positivas las medidas para blindar la titularidad pública de las casas que se construyan próximamente y que ha incluido el Gobierno en el Plan de Vivienda 2026-2030.


ASI ES EL PLAN
Desde 2018 se construyen en España unas 13.000 viviendas protegidas al año, muy por debajo de las décadas anteriores, mientras los hogares crecen con fuerza. Esto ha acentuado la escasez de vivienda pública y la desigualdad, en un contexto de restricciones a la oferta privada asequible.
El Plan de Vivienda 2026 2030 busca responder, pero con limitaciones: 7.000 millones de presupuesto, ejecución compleja entre administraciones y efectos lentos. Aunque triplica recursos y protege la titularidad pública priorizando el alquiler, solo permitiría añadir unas 33.000 viviendas en cuatro años, una cifra insuficiente para converger con Europa (donde la vivienda pública ronda el 8% frente a menos del 2% en España).
El plan también apuesta por rehabilitación y movilización de viviendas vacías, pero estas se concentran en zonas con poca demanda. Además, requiere la cofinanciación autonómica (40%), lo que puede generar desigualdades territoriales.
En ausencia de más suelo, mano de obra y seguridad jurídica, la oferta seguirá siendo limitada. Atraer inversión exigirá estabilidad regulatoria y rentabilidad suficiente. En definitiva, el plan es un paso positivo, pero insuficiente sin reformas más ambiciosas y un pacto nacional que impulse la construcción de vivienda asequible.


BBVA Research advierte además de otros inconvenientes del plan aprobado por la ministra, Rodríguez: la coordinación con las comunidades autónomas, que tienen que aportar el 40% del presupuesto para nueva vivienda pública -este jueves hay una reunión de la conferencia sectorial clave-. «La falta de coordinación con los gobiernos regionales puede dificultar la ejecución del plan y llegar a generar desigualdades territoriales», advierte. Además, el servicio de estudios de la entidad que preside Carlos Torres señala que «los objetivos de movilizar vivienda vacía en los cascos urbanos chocan con los datos del INE y de distintas administraciones regionales, que muestran que las unidades sin utilizar se encuentran en su mayoría en zonas rurales o en municipios donde no hay un desequilibrio entre oferta y demanda».
En definitiva, BBVA Research considera sobre el plan de vivienda de Sánchez y Rodríguez que «en ausencia de medidas que solucionen la falta de suelo listo para la construcción, o que mejoren la disponibilidad de mano de obra, la edificación de vivienda pública enfrentará los mismos problemas que la privada y la llegada al mercado de estas unidades será lenta».

Para mejorar su impacto en el parque de viviendas, el servicio de estudios de BBVA pide un «pacto nacional» entre administraciones. «Si bien el plan debe ser visto como un esfuerzo más en una estrategia que incluye otras acciones -como el Fondo España Crece, que pretende añadir 15.000 viviendas más al año-, la urgencia de la situación y la percepción de que cualquier alivio no llegará pronto, plantea la necesidad de un pacto nacional que permita priorizar recursos hacia la construcción de vivienda, fomente la coordinación entre administraciones y de certidumbre a los inversores de cara a incentivar la oferta a precios asequibles»,

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