El problema no es la existencia de interinos para cubrir bajas o necesidades puntuales, sino que muchas plazas temporales acaban cubriendo funciones permanentes durante años.
Expertos como el catedrático Federico Castillo atribuyen esta situación a la lentitud de los procesos selectivos y a la falta de planificación de las administraciones. Mientras una plaza fija tarda años en cubrirse, se recurre a personal interino para atender necesidades inmediatas.
La situación es especialmente visible en ámbitos como la Justicia, donde en algunos órganos los interinos llegan a igualar o superar a los funcionarios titulares. En Educación, sin embargo, una parte de la temporalidad resulta inevitable para sustituir bajas o adaptarse a cambios en la demanda escolar.
Europa lleva años reclamando medidas contra el abuso de la temporalidad. Aunque se han impulsado procesos extraordinarios de estabilización que han permitido consolidar miles de plazas, el problema persiste y la tasa de interinidad vuelve a crecer con el tiempo.
El Tribunal Supremo ha reiterado que un interino no puede convertirse automáticamente en funcionario fijo solo por acumular años de servicio, ya que el acceso al empleo público debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los expertos coinciden en que la solución pasa por agilizar las oposiciones, mejorar la planificación de plantillas y establecer sanciones o compensaciones efectivas para evitar que las administraciones utilicen de forma prolongada contratos temporales para cubrir necesidades estructurales.
