Bruselas lleva años reclamando a España medidas eficaces para corregir este problema e incluso ha retenido fondos europeos por los retrasos en su solución.
El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública prepara un plan que incluirá un sistema de alertas para avisar a comunidades autónomas y ayuntamientos cuando un empleado esté próximo a superar los tres años de contratación temporal, límite fijado por la normativa de 2021. También contempla sanciones para las administraciones que abusen de esta modalidad de empleo.
Sin embargo, Ansiti considera insuficientes estas medidas y critica la metodología empleada por el Gobierno para calcular los afectados. La asociación sostiene que no se contabiliza a muchos trabajadores cesados ni a empleados de sectores como Sanidad, Educación o la administración local que encadenan contratos temporales con interrupciones.
Aunque la tasa de temporalidad en el sector público ha descendido del 39% al 32,7%, continúa muy por encima del 8% recomendado por la Unión Europea. La mayor parte de los casos se concentra en las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito sanitario.
Las administraciones y el Gobierno mantienen negociaciones para encontrar una solución estable. Mientras el Ejecutivo apuesta por reforzar los controles y las sanciones, los representantes de los interinos reclaman cambios más profundos que eviten la repetición del problema y ofrezcan una respuesta a quienes llevan años ocupando puestos estructurales de forma temporal.
