Este coste será aún más pronunciado en las llamadas economías emergentes del G20, con un impacto del 10,88% del PIB. Así lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este miércoles en su informe sobre proyecciones a medio y largo plazo.
En el caso de España, el impacto negativo acumulado sería del 2,13%. Otros países de la zona euro muestran cifras de un rango familiar, como Francia (-1,57%), Italia (-1,85%) o Alemania (-2,76%). En otras potencias internacionales se aprecia un impacto mayor, como en Estados Unidos (-3,36%) y China, el país con más emisiones de carbono (-6,93%). El documento de la OCDE muestra también que la capacidad de producción eléctrica baja en carbono debe aumentar entre 2,5 y 25 veces para 2050, dependiendo del país.
Los cálculos que aporta el informe parten de la base de que todos los países acelerarán la transición energética a partir de 2026 y eliminarán el carbón de la matriz energética como muy tarde para 2050, año en el que el gas y el petróleo tendrían una participación respectiva del 5 % y del 10 %.
El informe de la OCDE alerta también de que el impacto de la transición energética tendrá lugar justo en mitad de una tendencia de menor crecimiento, debido al mayor coste económico que el envejecimiento de la población tendrá en los países del mundo, principalmente los más desarrollados. Es por ello que el escenario de la OCDE contempla que el PIB del área OCDE-G20 se reducirá desde alrededor del 3% anual antes de la pandemia de la Covid-19 hasta el 1,7% para 2060, debido a la menor población en edad laboral y menor eficiencia en la mano de obra.
Para los países de la OCDE, se prevé que el PIB per cápita tendrá un potencial de crecimiento de un 1,5 % anual hasta 2060. En España aumentaría un 1,3 %, una cifra similar a la de otros países de la zona euro (un 1,4 % en Alemania, Francia, Países Bajos y Austria; un 1,5 % en Italia, y un 1,1 % en Bélgica). Sin embargo, el informe advierte de que la mayoría de miembros de la OCDE se enfrentan a un gran reto fiscal debido a varios factores: la débil posición inicial, el aumento de los costes de financiación, la desaceleración del crecimiento y la mayor presión para el incremento del gasto debido al envejecimiento de la población y la necesidad de más servicios públicos.
Esto significaría que la mitad de los países de la OCDE necesitaría aumentar sus ingresos en al menos 1,2 puntos porcentuales del PIB para estabilizar su ratio de deuda pública. Esa cifra sería mucho mayor para Estados Unidos y otros países, que tendrían que aumentar sus ingresos en mínimo 2,5 puntos porcentuales. El gasto en sanidad y cuidados o subirá en 2,1 puntos porcentuales del PIB en el país promedio de la OCDE entre 2024-2060.Además, se prevé que el gasto en pensiones se incremente en 1,5 puntos porcentuales del PIB en ese mismo período.
Todo esto supone que, sin cambios en las políticas nacionales, mantener los actuales sistemas de asistencia y beneficios sociales a la vez que se mantiene el nivel de deuda pública supondría un incremento de los impuestos de al menos 6,25 puntos porcentuales del PIB para 2060 en la mitad de los miembros de la organización. El documento indica que no significa que los impuestos vayan a subir, si no que cada país deberá escoger una estrategia para hacer frente a estas reformas.
