La Sala Segunda tiene la intención de plantear una cuestión ante el TJUE inmediatamente después de que la ley de amnistía sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta cuestión se centra en el fondo de la ley, argumentando que su contenido incumple aspectos del ordenamiento jurídico europeo. Además, también cuestionará la pretensión de Carles Puigdemont de que la ley se aplique incluso si está recurrida1.
El tribunal tiene claro que recurrirá al TJUE contra cualquier mecanismo preventivo de la futura ley si su objetivo es limitar la función jurisdiccional de los tribunales españoles. Es importante destacar que, aunque el Gobierno lo intente, es imposible que el Constitucional paralice los efectos suspensivos del auto en el que la Sala Segunda plantea la cuestión prejudicial. El Estado Español está obligado a seguir la jurisprudencia del TJUE sobre medidas cautelares.
La Ley de Amnistía estará en suspenso durante aproximadamente un año y medio, el tiempo que el TJUE tardará en emitir sentencia. Mientras tanto, Carles Puigdemont y otros fugados tras el referéndum ilegal del 1-O de 2017 deberán decidir si regresan a España o no. La sala presidida por Manuel Marchena se inclina por no recluirles en prisión provisional por delitos que podrían acabar amnistiados.
En resumen, el Tribunal Supremo busca la intervención del TJUE para evaluar la legalidad de la ley de amnistía y garantizar que se cumpla el ordenamiento jurídico europeo
