La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena impuesta por un juzgado madrileño a ACS por competencia desleal contra Iberdrola, y constata que la empresa que preside Florentino Pérez difundió información «denigrante» sobre la relación de la eléctrica con el excomisario José Manuel Villarejo. En una sentencia fechada el pasado 5 de marzo la Audiencia de Madrid desestima el recurso de ACS contra el fallo de 19 de abril de 2022 del juzgado mercantil nº 4 de Madrid, que ya dio la razón a Iberdrola.
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán demandó a ACS por haber «denigrado» a la eléctrica para «menoscabar su crédito en el mercado», a raíz de su implicación en el caso que investiga los negocios del excomisario Villarejo.
Los hechos se remontan al 22 de febrero de 2021, cuando el diario El Confidencial publicó una noticia titulada «Florentino Pérez prepara una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por Villarejo», cifra que según este diario se correspondía con el daño causado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por impedir que la constructora hubiese podido tener representación en el consejo de la eléctrica. Según la Audiencia Provincial, el contenido de la noticia difundida «era plenamente pertinente y relevante para alterar la opinión de mercado sobre la situación económica y patrimonial de la compañía, ya que es un hecho notorio que los inversores tratan de adelantarse a toda eventualidad de las compañías, por lo que forman criterio a partir de noticias como la indicada, por lo que su filtración se erige en un abuso de mercado».
Aunque no cuantificaba el perjuicio y se reservaba expresamente poder hacerlo en el futuro, Iberdrola entendía en su demanda que «el daño a su imagen, credibilidad y reputación corporativa genera un perjuicio que lejos de ser abstracto, es inmediato y duradero», ya que afecta a la marca como expresión de su prestigio y reputación». En su sentencia, la AP de Madrid destaca que «difundir al mercado una noticia consistente en el sometimiento de una compañía a la contingencia de una condena pecuniaria por una suma que equivale a partes del beneficio que terminó por ofrecer el resultado de su anterior ejercicio económico, es objetivamente apta para perjudicar su buena reputación en el mercado».
El conflicto entre ambas se remonta al año 2012, cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya rechazó un recurso de ACS contra una sentencia que avalaba la decisión de Iberdrola de impedir el acceso de la constructora a su consejo de administración, al entender que ambas son «directa y efectivamente competidoras» en áreas concretas. En 2015, el Tribunal Supremo anuló varios acuerdos de la junta de accionistas de Iberdrola de 2011 recurridos por ACS, aunque avaló la limitación de los derechos de voto de la constructora, que constituía el eje principal del conflicto. La noticia de El Confidencial se publicó dos días antes de la presentación de resultados de 2020 de Iberdrola, algo que de ninguna manera «puede considerarse como casual, sino más bien evidencia mala fe y búsqueda intencionada de generar el mayor perjuicio posible», sostenía la compañía.
Se trató, sostiene Iberdrola, de «una maniobra torticera y malintencionada para, de forma burda, avisar y/o amenazar a los inversores, accionistas y clientes de que ACS tiene intención de presentar una demanda por un importe a todas luces desproporcionado».
