El Ejecutivo comunitario exige al Gobierno una estrategia «creíble» de reducción de las tasas de deuda y déficit públicos frente a los «limitados» esfuerzos que se han realizado en materia de consolidación fiscal a lo largo de los últimos años. Durante los cuatro últimos ejercicios el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha permanecido suspendido para que los países pudiesen enfrentar las consecuencias para hogares y empresas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, así como de la escalada de la inflación y la crisis energética.
Este mensaje, forma parte de un documento con fecha del 11 de marzo en el que el Ejecutivo comunitario analiza la evolución de las vulnerabilidades de la economía española que identificó a finales del año pasado. Estas serían, según apunta el texto, la deuda pública (que redujo su ratio el año pasado hasta el 107,7% del PIB gracias al fuerte tirón de la economía), el endeudamiento privado (pese a que viene reduciéndose de forma paulatina desde la pasada crisis financiera), la tasa de paro, ola posición exterior y la competitividad.
Bruselas hace este diagnóstico apenas unos meses antes de volver a abrir los procedimientos por déficit o deuda excesivo a los países incumplidores. El propio Eurogrupo ha instado a los socios a preparar sus presupuestos de 2025 con un ajuste ligero que les permita hacer frente al nuevo marco fiscal. «Las actuaciones hacia una reducción decisiva del alto nivel de deuda pública y del déficit estructural han sido limitadas en el pasado reciente y es necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal para lograr una posición presupuestaria sólida», apunta el documento.
Como han hecho antes otros organismos, como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los servicios económicos de la Comisión consideran necesario actuar sobre el déficit estructural sin perder la vista en los elementos que presionarán al alza el gasto a futuro, como el envejecimiento de la población y la presión que ejercerá el retiro de la generación del ‘baby boom’, que también afectará a la sanidad y a los cuidados.
«La implementación de una estrategia de consolidación creíble se añadiría y complementaría el conjunto de reformas previstas en el plan de recuperación tanto en el lado del gasto como de los ingresos, que se espera contribuyan a reducir la vulnerabilidad fiscal general en el medio plazo», añade el informe.
La Comisión cree que el pasivo del conjunto de las administraciones se estabilizará en el entorno del 106,5% a partir de este año, mientras que la retirada del gravamen a la banca y del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas podrían presionar al déficit. En lo que respecta al gasto, el Ejecutivo considera que se han empezado a poner en práctica algunas recomendaciones de la Autoridad Fiscal (AIReF) y cree que la nueva estrategia nacional de contrataciones pública que es «más eficiente y sostenible». Con todo, advierte de que la revalorización de las pensiones en función del IPC plantea «riesgos adicionales».
Las autoridades europeas consideran que el aumento de la recaudación los últimos ejercicios ha sido más bien coyuntural -ha estado muy marcado por la fuerte recuperación tras la salida de la pandemia y por una inflación disparada- por lo que consideran que el Ejecutivo cuenta con «margen» para aprobar medidas «más ambiciosas». Apunta, en concreto a alguna que también ha sugerido la OCDE, como que haya menos productos gravados con el tipo reducido de IVA, ajustar las desgravaciones o aumentar la imposición medioambiental.
Bruselas considera elevados los riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo y los rebaja algo las tensiones en el largo plazo. Por el lado positivo, el informe destaca la estrategia del Tesoro, que decidió ampliar los vencimientos de la deuda pública y sus fuentes de financiación «relativamente estables», así como su cartera «bien diversificada y con una amplia base de grandes inversores».
También pone en valor las reformas estructurales que se han incorporado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de las que depende el desembolso de los fondos europeos. España sigue pendiente aún del cuarto pago de las ayudas directas, por valor de algo más de 10.000 millones de euros, que está ligado a la aprobación de la reforma del subsidio de desempleo.
