Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía. Esta directiva pretende abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas.
Bruselas señala que la legislación española no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones que deben cubrirse.
España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE. Con ello, la Comisión busca garantizar el respeto de la regulación comunitaria sobre concesiones, que establece la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
