Sus declaraciones llegan después de que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, afirmara que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España.
Marlaska afirmó que no observa motivos para cuestionar una relación que, según recordó por su experiencia en la Audiencia Nacional, ha sido históricamente «excepcional» en términos de coordinación y cooperación judicial.
Sobre la entrada masiva de migrantes registrada el 30 de julio, la calificó de situación «extraordinaria», aunque destacó que la respuesta conjunta de España y Marruecos también lo fue gracias a la confianza mutua acumulada durante años. El objetivo del Gobierno, señaló, es recuperar la normalidad y garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería.
Según los datos facilitados por Interior, actualmente permanecen en Ceuta unas 5.000 personas y 1.898 menores migrantes no acompañados. En el caso de los adultos, se han resuelto más de 500 expedientes de protección internacional, la mayoría con resultado desfavorable, y se han solicitado autorizaciones judiciales para agilizar expulsiones.
El ministro defendió además la gestión del Ejecutivo durante la crisis y aseguró que los miembros del Gobierno comparecerán ante el Congreso cuando la situación esté estabilizada.
En materia de seguridad, detalló que Ceuta cuenta con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, reforzados tras la crisis. A ellos se sumarán 45 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción y 20 funcionarios especializados en extranjería para acelerar los trámites de retorno.
Marlaska también lanzó un mensaje a quienes intenten entrar irregularmente en Ceuta o Melilla: aseguró que no permanecerán en las ciudades autónomas, no serán trasladados a la Península ni regularizados, y pidió no dejarse engañar por las mafias.
