El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, ha acordado la apertura de una pieza separada del caso, que está bajo secreto de sumario, según una providencia. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.
En el auto por el que cita a declarar a Gómez, el juez ha acusado al representante del Ministerio Fiscal español de actuar con una «diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente» al interponer un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid para intentar frenar la investigación. El tribunal respaldó al juez y le instó a seguir con la investigación a pesar de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no vio tampoco indicios delictivos.
En la apertura de la pieza separada, al tratarse de una providencia -y no de un auto– el magistrado no aporta ahora mayores detalles sobre su decisión y se limita a asegurar que «dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista procédase con el mismo a la apertura de pieza separada».
Con todo, cabe recordar que no es la primera vez que el órgano comunitario se dirige al juez instructor. El pasado 26 de abril la EPPO le preguntó si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. En concreto, el órgano comunitario envió un escrito al juzgado en el que pedía que se le informase si en la causa «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaban que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estimaba pertinente, por lo que solicitaban al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. En otra providencia, el juez le respondió a los fiscales europeos que en los hechos que investiga sí que constan «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley, todas ellas integradas en el mismo grupo empresarial. El juez instructor facilitó una copia de los documentos requeridos a la EPPO, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.