Aunque las diligencias no estaban bajo secreto, los investigadores recibieron instrucciones de trasladar la información únicamente a la magistrada responsable del caso.
El documento, adelantado por varios medios, analiza los sucesos de finales de julio e incluye indicios que apuntan a una posible actuación coordinada desde Marruecos. Según esa hipótesis policial, agentes marroquíes habrían desempeñado un papel activo en la canalización de los movimientos hacia la frontera, alejándose de la tesis de que la crisis respondiera únicamente a la actuación de mafias o a un fenómeno espontáneo.
La investigación judicial busca determinar si existió algún tipo de organización detrás de la llegada masiva de personas y si los hechos pueden tener relevancia penal. Sin embargo, el contenido del informe también ha abierto el debate sobre quién conocía sus conclusiones y por qué esa información no llegó al Ministerio del Interior.
Fuentes conocedoras del caso sostienen que la Policía interpretó que debía limitarse a cumplir la instrucción judicial y remitir el informe únicamente a la jueza. Esta circunstancia explicaría que Interior afirme no haber tenido conocimiento de las conclusiones del documento, mientras que el Gobierno ha defendido públicamente que Marruecos no estuvo detrás de la crisis.
En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo. No obstante, distintos juristas recuerdan que las actuaciones policiales dirigidas por una autoridad judicial gozan de autonomía y están sujetas a las instrucciones del juez, por lo que la información no puede difundirse libremente fuera del procedimiento.
La polémica se suma a las advertencias previas a la crisis. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, alertó días antes del aumento de entradas a nado, y el 29 de julio el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) emitió un informe interno sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta y Melilla. Un día después comenzó la avalancha migratoria que obligó al despliegue extraordinario de Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
El informe remitido a la Audiencia Nacional incorpora ahora un nuevo elemento a la investigación: la existencia de indicios policiales sobre una posible intervención de agentes marroquíes en la organización o dirección de los movimientos hacia la frontera.
