La Sala ha acordado tramitar el procedimiento por la vía especial de protección de derechos fundamentales y ha requerido a la JEC que remita el expediente administrativo completo en un plazo de cinco días. Además, ha abierto una pieza separada para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas, entre ellas la posible suspensión provisional de los efectos de las solicitudes de nacionalidad actualmente en trámite.
El Alto Tribunal ha dado también cinco días a las partes personadas para que se pronuncien sobre la adopción de dichas medidas.
Hazte Oír sostiene que existen dudas sobre la trazabilidad y el control de las altas en el CERA y reclama una revisión detallada del proceso. Entre sus peticiones figuran una auditoría de las inscripciones, el análisis de posibles variaciones significativas en el censo y la comprobación de que las adscripciones municipales de nuevos electores se realizaron conforme a criterios legales y documentados.
La entidad solicita asimismo la conservación de expedientes y registros, la revisión de determinadas categorías administrativas y medidas que eviten que futuras convocatorias electorales consoliden situaciones que posteriormente no puedan corregirse.
Paralelamente, un juzgado mantiene abiertas diligencias relacionadas con Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por actuaciones vinculadas a la aplicación de la Ley de Nietos.
