El ejecutivo catalán, según ha explicado su portavoz Patrícia Plaja, publicará «en las próximas horas» una resolución para amnistiar por su cuenta, a través de la Ley de Seguridad ciudadana -conocida como ‘ley mordaza’-, a las personas multadas vinculadas al ‘procés’ que así lo soliciten a través de un formulario, abonando la totalidad del importe. Plaja ha advertido que el Govern «va a trabajar de forma preferente y urgente para que la aplicación de la Ley de Amnistía en todos y cada uno de los casos no se demore ni un minuto», sin especificar, eso sí, cual será el total de beneficiados, pues, desconoce cuantas de entre las 100.000 denuncias que cuantifica el Govern en aplicación de la ‘ley mordaza’ corresponden a «procedimientos amnistiables».
La Generalitat, así pues, habilitará a partir del jueves un formulario accesible a través de la página web de la consejería de Interior para «todas aquellas personas que quieran solicitar una resolución individualizada de amnistía y/o la devolución económica de la sanción en caso de que se haya efectuado el pago». Habrá en cada caso un trámite de revisión para comprobar si el caso en concreto se enmarca en el articulado de la Ley de Amnistía y, en el caso de que sea así, se amnistiarán los hechos y se devolverá la sanción con intereses en el caso que corresponda. La mayoría de los casos que esta medida del Govern tiene a bien solucionar, explicó la portavoz, «pueden corresponder a sanciones por desobediencia, faltas a la autoridad, manifestaciones no comunicadas o resistencia a la autoridad».
En lo que respecta a los empleados públicos, cargos y altos cargos encausados o condenados por actos u omisiones «realizados en ejercicio de sus funciones relacionados con la Ley de Seguridad ciudadana», tendrán a su disposición a los miembros de los gabinetes jurídicos de la Generalitat para ofrecerles asistencia y defensa si es necesario. El Govern también prevé acordar que las actuaciones se archiven, levantar las medidas cautelares de cualquier tipo que se hayan adoptado en el proceso administrativo y llevar a cabo las actuaciones correspondientes para eliminar cualquier registro las infracciones y sanciones, que inhabilitan a los afectados, por ejemplo, a la hora de viajar.
La portavoz de la Generalitat, finalmente, ha vuelto a poner en duda el papel de los jueces, como de costumbre, añadiendo que esta ley es de obligado cumplimiento «dejando al margen que les suscite mayor o menor simpatía». «Sabemos todos que las leyes son interpretables, que hay un margen mayor o menor de interpretación de todas y cada una de ellas, pero lo que no es interpretable es que una ley vigente, una ley que está en vigor, sea o no aplicable», ha concluido Plaja.
