El Supremo ha acordado no admitir a trámite la querella que el grupo parlamentario de Sumar presentó contra el titular provisional del Consejo y nueve de sus vocales al no apreciar delito de prevaricación en la convocatoria del Pleno extraordinario del 1 de noviembre de 2023, en el que se aprobó una declaración institucional en contra de la polémica norma de borrado del procés.
La Sala de lo Penal considera en un auto, notificado este mismo miércoles, que los hechos recogidos en la querella no revisten los caracteres propios de la conducta ilícita. Un criterio que, además, es compartido por el informe aportado por la Fiscalía.
Sumar presentó su querella contra los vocales que votaron a favor de dicha declaración y el presidente interino del CGPJ, que votó en blanco, por su «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso de los Diputados. Otros cinco vocales del órgano, designados en su momento desde las filas socialistas, votaron en contra.
Hay que remontarse al pasado 6 de noviembre cuando el Pleno del CGPJ aprobó una declaración institucional contra la ley de amnistía que negociaba entonces entre el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo, y de la que aún no se conocía el texto definitivo, para que el Pleno institucional manifestase que la aprobación de una norma de la naturaleza de la que se cocinaba, supondría la «abolición» del Estado de Derecho.
El Supremo señala, ahora, que «no se cumplen los requisitos que la jurisprudencia exige para considerar la existencia de este delito». «No estamos ante un procedimiento administrativo, no es una resolución decisoria que afecte o perjudique a los administrados, y por tanto esto hace decaer cualquier posibilidad de hallarnos ante una conducta prevaricadora en un sentido técnico jurídico penal», explica.
Los magistrados añaden que lo único que hay es «la opinión de nueve vocales del CGPJ en relación con un pacto para la regulación de una futura Ley de Amnistía, manifestaciones amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y llevadas a cabo en el estricto ejercicio de su función consultora». Un varapalo al intento de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por judicializar una nota oficial del máximo órgano de representación de los jueces y magistrados en España.
