«Las acusaciones de corrupción y abuso de influencia, así como de malversación de fondos de la UE contra Hoyer son completamente infundadas y carecen de base», ha asegurado su abogado, Nikolaos Gazeas, quien ha confirmado así que Hoyer es uno de los dos antiguos empleados del BEI a los que la Fiscalía Europea ha solicitado levantar la inmunidad como parte de la investigación en curso. «No hay nada que ocultar, al contrario, Hoyer exige una aclaración exhaustiva y completa de este asunto por parte de la Fiscalía», ha incidido.
Según el abogado de Hoyer, el objeto de la investigación es la salida de un trabajador del BEI y la indemnización que se le pagó en este contexto, que implica un acuerdo que debía ser firmado por el presidente pese a que este «nunca participó en las negociaciones en torno a la salida del empleado».
«Los requisitos legales para iniciar una investigación penal por parte de la Fiscalía Europea son muy reducidos», ha explicado Gazeas, quien ha añadido que ha sido el propio Hoyer quien ha solicitado «expresamente» que se suspenda su inmunidad y quien ha pedido también al BEI que ponga a disposición de la Fiscalía «todos los expedientes e información en relación con este asunto personal» para que pueda investigarse «a fondo».
Además, Hoyer ha pedido que todos los empleados del BEI que han estado implicados en este caso proporcionen a la Fiscalía toda la información sobre estos hechos. «Las acusaciones contra mí son francamente absurdas e infundadas. Ahora espero que se investiguen y aclaren plenamente y pido al BEI que coopere plenamente con la Fiscalía», ha afirmado el propio Hoyer, acorde a la información facilitada por su abogado.
Desde el BEI aseguran que están cooperando «plenamente» con la Fiscalía Europea, como es su «práctica habitual» en estos casos, aunque han rechazado hacer comentarios sobre la investigación en curso.
