Las entregas están previstas a partir de 2030, como parte del proyecto de rearme del Ejército español en línea con la tendencia europea. Este acuerdo se firmó bajo la fórmula de Ventas Militares Extranjeras (FMS, Gobierno a Gobierno), lo que implica tanto al Estado español como al Gobierno estadounidense.
Durante la segunda mitad de 2025, el Tribunal del Distrito de Columbia decidió seguir el criterio que su propia Corte de Apelaciones había establecido un año antes. En 2024, los magistrados de apelación ya habían rechazado que España pudiera invocar su inmunidad soberana para no pagar las indemnizaciones reconocidas por el CIADI a varios inversores extranjeros en energías renovables.
Con esta decisión, el tribunal dio luz verde para iniciar los trámites de reconocimiento y ejecución de siete de los 27 laudos arbitrales dictados por el CIADI. Los consideró sentencias firmes y ejecutables. Toda esta estrategia está siendo coordinada por el prestigioso bufete estadounidense King & Spalding, que representa a la mayoría de las empresas afectadas. Estas compañías ya han obtenido siete sentencias favorables en tribunales federales de Estados Unidos, donde se les han reconocido créditos por casi 688 millones de euros.
Esto abre la puerta a que los inversores afectados puedan solicitar, como medida cautelar, el embargo de activos y bienes españoles en Estados Unidos para garantizar el cobro de las compensaciones. De esta manera, los acreedores estudian intervenir pagos adelantados, garantías o flujos financieros vinculados al contrato Patriot, que se canalizan a través de jurisdicción estadounidense. El objetivo no es necesariamente impedir la entrega física, sino generar presión política y mediática para forzar una negociación o acuerdo global sobre los pagos, o al menos intentar retener estos sistemas de defensa.
