Así consta en el recurso de reforma que su abogado, Gonzalo Boye, ha presentado este lunes contra el auto que Llarena dictó el pasado 1 de julio en el que acordaba no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación que se le atribuye al líder independentista. La defensa acusa al magistrado de hacer una interpretación «completamente insostenible» de la ley de amnistía y de incurrir en «quiebras lógicas y contradicciones tan evidentes» que, a su juicio, «basta la lectura» de la norma para «apreciar lo arbitrario de la resolución» de Llarena.
En su escrito, la defensa precisa que se pronuncia exclusivamente sobre la decisión del juez de no amnistiar la malversación. Y avisa que responderá en otros escritos sobre la negativa a levantar la orden nacional de detención que pesa sobre él y sobre si ve pertinente o no consultar al Tribunal Constitucional sobre la amnistía al delito de desobediencia.
No obstante, el expresidente del Govern asegura que «ninguna duda cabe de que la vigencia de una orden de detención supone una restricción» de su «derecho a la libertad personal» y denuncia la «vulneración palmaria» de la Constitución y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Para el expresidente de la Generalitat la interpretación que hace Llarena de la ley «pone de manifiesto, más si cabe, la absoluta arbitrariedad de la operación política llevada a cabo mediante la resolución que es objeto del presente recurso, así como la vulneración de los derechos invocados, en particular, en relación con el derecho a una resolución motivada y fundada en Derecho».
«En la medida que el magistrado instructor prescinde de la que la propia magistrada Ana Ferrer García considera la única interpretación lógica de los preceptos legales aplicables, es evidente que se incurre en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».
En el marco de su recurso, Puigdemont incide en que no hay indicios en su contra. «La inexistencia de dichos indicios racionales ha sido siempre el caso en la presente causa, también con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica 1/2024, –la ley de amnistía– por lo que se da, con más intensidad si cabe, a partir de su entrada en vigor el pasado 11 de junio de 2024», apunta. Así las cosas, el líder de Junts afea que Llarena rechazara amnistiarle la malversación, toda vez que entiende que «es evidente» que la nueva ley le beneficia, y le critica que considere la aplicación de la norma «como algo ajeno a él». A su juicio, el magistrado «ha decidido ignorar arbitrariamente» la amnistía.
Con todo, asegura de nuevo que la causa del ‘procés’ supone una «vulneración sistemática» a sus derechos fundamentales. «Ninguna norma jurídica justifica la pretendida competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para conocer de la presente causa, lo que cabe reiterar, una vez más, en el presente recurso», señala, al tiempo que insiste en que Llarena tampoco es un juez imparcial.
