Esta norma, comprometida en el Plan de Recuperación continúa sin completar su trámite legislativo y ahora Bruselas lo incluye como una de las recomendaciones para España en el informe sobre el estado de derecho.
Además de mencionar los avances en relación al CGPJ y de recordar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, la Comisión recomienda a España que «proceda a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés». Bruselas recuerda que esta ya era una tarea pendiente en el informe de 2023 y descarta que se hayan producido avances desde entonces. Se trata de una norma que se enmarca dentro de las actividades de lucha contra la corrupción y, por ello, la Comisión insta a avanzar en los trámites.
Este registro es importante porque fijaría los destinos profesionales a los que los políticos no podrían acceder después de abandonar un puesto público. No podrán trabajar para lobbies que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública», rezaba la referencia del Consejo de Ministros del 8 de diciembre de 2022. Además, apuntarse en el registro sería condición indispensable para celebrar reuniones con miembros de la Administración pública. Asimismo, sería una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro.
Por otra parte, la ley prevé aumentar la “huella legislativa”, un informe que se incluirá en cualquier informe legislativo de evaluación de impacto, como ocurre actualmente con el impacto económico o de brecha de género, y que “incluirá la identidad de los empleados públicos que hayan estado en contacto con grupos de interés, las contribuciones o comentarios realizados, así como la fecha y la finalidad de los encuentros o comunicaciones”. Es decir, no solo debería crearse un listado de grupos de interés sino que cada una de las reuniones con los mismos se tendría que incluir en las memorias de impacto de todas las normas.
En caso de incumplimiento, se incorporaría un régimen sancionador para los lobbies que puede suponer la expulsión del registro de grupos de interés por un período de hasta tres años y, por tanto, se impediría la posibilidad de que concurran en la elaboración de normas o de poder influir en su desarrollo.
En definitiva se trata de dotar de más transparencia al proceso legislativo y de la influencia que los grupos de interés pueden ejercer en la elaboración de normas a través de reuniones. De la misma forma, se busca evitar que los altos cargos de la administración acaben trabajando para grupos de interés a su salida de sus responsabilidades públicas y tras haber legislado en favor de los mismos.
En las respuestas del Ejecutivo a la Comisión, en relación al informe publicado este miércoles, el Gobierno se comprometía a retomar en el primer trimestre de 2024 el proceso para aprobar la norma, pero esta sigue varada en trámites.
