Así lo ha acordado el Tribunal Supremo en detrimento de la Fiscalía Europea -que había asumido la investigación de los contratos adjudicados por los gobiernos balear y canario por estar financiados con fondos comunitarios y que reclamaba toda la causa-, al concluir en el conflicto de competencia planteado al alto tribunal que debe ser el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el que asuma todo el procedimiento. Incluidas esas adjudicaciones de los gobiernos autonómicos entonces presididos por la actual presidenta del Parlamento, Armengol, y por el ahora ministro Torres.
Para la Sala Penal, la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. En la resolución en la que acuerda la medida, acuerda que en este momento debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 2 del citado tribunal el competente para investigar los hechos, manteniendo solo la Fiscalía Europea su competencia sobre los expedientes balear y canario en lo que hace referencia a la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.
El Supremo -con el aval de la Fiscalía del alto tribunal- explica que lo que se investiga «es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales, con o a través de la intervención y/o mediación de cargos públicos de tales administraciones, que se habrían enriquecido con su actuación, como lo habrían hecho los miembros de aquella organización», incurriendo en posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.» Unos y otros, presuntamente, habrían tratado de ocultar las ganancias obtenidas a través de diversas operaciones financieras también objeto de investigación -posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública».
