Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Sevilla, donde ha participado en la clausura de unas jornadas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con motivo del 150 aniversario de su creación. La vicepresidenta y ministra ha esgrimido como un ejercicio de «justicia social» que las empresas que presentan «un mayor rendimiento en su cuenta de beneficios», de lo que ha puesto como ejemplo los beneficios conocidos de las empresas energéticas, «abonen más al erario público», con la premisa de que ese incremento de la recaudación tributaria del Estado propiciará que esos nuevos recursos «se redistribuyan en términos de mejora de los servicios públicos en la sanidad, en la educación y en la dependencia».
Montero ha enmarcado en «una cierta normalidad» que por parte de las empresas, ante el debate de la continuidad de tributos que gravan sus beneficios extraordinarios, «salgan profiriendo una suerte de amenazas o trasladando presión a los grupos políticos para que no hagan permanente este impuesto». La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado como «un camino inevitable» la irrupción de una nueva fiscalidad, pues la hoja de ruta pasa por la descarbonización y el camino hacia la transición ecológica.
Montero ha instado a las empresas a «apostar por el hidrógeno verde, por fuentes de energía alternativas, renovables» al considerar que esa energía es «mucho más compatible con la sostenibilidad de nuestro planeta», antes de reconocer «la intensidad de este debate» de un aumento de la presión fiscal sobre las empresas y que, en consecuencia, se origine «una cierta presión para que esto no se lleve a buen puerto».
La vicepresidenta y ministra ha mostrado su confianza «en la capacidad de convencer» a los grupos políticas de que se puede dar perdurabilidad al impuesto a las energéticas», mientras ha abierto la puerta a que la fiscalidad ecológica «contemple incentivos que permitan justamente favorecer la inversión».
